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Votan en el estado de Virginia

Ley que afecta derechos a indocumentados

"Nos sentimos muy consternados. La aprobación (de esta ley) representa una muestra de desprecio. Pero la última palabra no se ha pronunciado", dijo la mañana del jueves 18 de octubre Ricardo Juárez, un activista por los derechos de los inmigrantes en Prince William, Virginia, después que la Junta de Supervisores del condado aprobara suspender servicios públicos a los indocumentados.

Cuando la norma entre en vigencia en 2008, se les negará asistencia de vivienda, rehabilitación a los presos por drogas y programas para los ancianos.

Este voto siguió a la aprobación, el 2 de octubre, de un plan para autorizar a la Policía a indagar sobre el estatus migratorio de los detenidos hasta por delitos comunes (y entregar al servicio de inmigración a los inmigrantes sin estatus en el país).

Pese a que el presupuesto de Prince William se ha visto bastante afectado por la caída del mercado de bienes raíces y un recorte estatal de 0 millones, los supervisores aprobaron la medida, que requiere de un gasto adicional de ,5 millones en cinco años para la Policía.

El acceso a las escuelas públicas, el cuidado médico y los servicios de protección a los menores están garantizados por ley federal. El uso de las bibliotecas no se vería afectado, según recomendación de la oficina del ejecutivo.

Elecciones en puertas

Este voto llega tres semanas antes de las elecciones locales, que se realizarán el 6 de noviembre. Todos los supervisores van por la reelección.

La medida es la más fuerte en la región metropolitana. Sin embargo, el martes 16 el condado de Fairfax, también en Virginia, que se había posicionado a favor de no actuar contra los indocumentados, anunció, a través del ejecutivo, que pronto estudiará qué servicios se les podría negar a los inmigrantes sin papeles.

"Prince William, escucha", coreaban centenares de manifestantes latinos que acudieron a la audiencia pública que comenzó el martes 16 y se prolongó hasta el 17, para ver cómo votarían los supervisores.

Pero al parecer, los funcionarios no se conmovieron con los testimonios de alrededor de 400 personas que se sucedieron durante más de 12 horas: aprobaron la medida en forma manera unánime.

Era efectivamente lo que pronosticó Greg Letiecq, presidente del grupo "Help Save Manassas", que apoyaba la resolución.

Durante las últimas dos semanas, miembros del grupo habían presionado a los supervisores con una catarata constante de e-mails, llamadas telefónicas y mensajes de fax, contó Letiecq.

"Nos pareció un insulto", dijo Ricardo Juárez, coordinador de Mexicanos Sin Fronteras (MSF), quien esperó hasta las 2:30 a.m. del miércoles para el voto. "Al final de todo, se hizo evidente que (los supervisores) ya tenían decidido aprobar la resolución. Fue una farsa".

Por su parte, Corey Stewart, jefe de los supervisores, dijo que el voto no se debía entender como un "desaire" a la comunidad hispana.

La asistencia sin precedentes subrayó la gran tensión que se vive en Prince William, atrayendo a obreros, parejas y madres empujando cochecitos.

Los que manifestaron estaban tanto "en la lucha" como en la espera, ansiosos de saber hacia qué dirección iría el condado.

"A huevo nos quieren correr de aquí", dijo Antonio Guzmán, un mexicano sin papeles quien lleva ocho años en el condado, y quien había faltado a su trabajo de construcción con siete compañeros para presenciar la votación.

Hace unos días, relató Guzmán, fue detenido por la policía y acusado de manejar sin licencia. Al conocer la decisión de los supervisores al día siguiente, "yo creo que irme del condado va a ser la mejor opción".

Ya mucha gente se ha ido, expresó Gilberto Martínez, residente de Manassas y originario de El Salvador. Martínez dijo conocer tres familias que se han mudado fuera del condado desde julio, a Carolina de Norte, y a Houston, Texas.

Y ante los supervisores el martes 16, Anthony Andrade destacó su preocupación que Prince William repita la experiencia de Riverside, en Nueva Jersey, un pueblo que sufrió una baja económica tras aprobar una ley que provocó un éxodo de la comunidad hispana.

Y esta diáspora ha hecho que, un año después, el gobierno de Riverside revisara la medida.

El posible impacto económico de la política sacudió a Rick Hetrick en su casa, en Woodbridge, donde su frustración crecía al mirar por televisión los testimonios ante la junta.

Hetrick llegó pasadas las 11 p.m.: era el número 370 en la lista de oradores y estaba listo para esperar horas por su turno.

En 35 años de vivir en Prince William, era la primera vez que Hetrick -un agente hipotecario- se había dirigido ante los supervisores durante una audiencia pública. Pero con la depresión en el valor de las casas en el condado, Hetrick teme que la resolución "espante" a la población indocumentada, desencadenando una ola de ejecuciones hipotecarias y un resultante aumento en los impuestos.

Hasta Corey Stewart, el jefe republicano de los supervisores y el impulsor por excelencia de la resolución, admitió cierta inquietud con respecto al mercado de bienes raíces.

"Me preocupa el mercado en general", dijo en una entrevista antes de la audiencia el 16 de octubre. "No me preocupa que la gente haga sus maletas y se vaya del condado", precisó.

La resolución "definitivamente manda el mensaje que si tú estás ilegal en el condado de Prince William, y si cometes un delito, vas a ser deportado", agregó.

Por su parte, Ricardo Juárez sostiene que el voto de los supervisores ha asestado "un golpe demoledor” a la confianza en la policía que le tenían los inmigrantes.

Sin embargo, el activista enfatizó que el voto es un contratiempo, pero no una derrota. "Nos sentimos muy consternados. La aprobación. . . representa una muestra de desprecio. Pero la última palabra no se ha pronunciado", subrayó.

MSF es uno de los demandantes en una acción legal que se presentó contra el condado de Prince William y sus oficiales, entablado el 11 de octubre, y Juárez espera un veredicto de la corte federal antes de que la resolución entre en vigor en enero de 2008.

****Edward J. Olmos exige reforma justa

El actor de origen mexicano, Edward James Olmos, quiere mantener viva la lucha por la reforma migratoria en Estados Unidos a través de un foro en el que participarán destacadas personalidades.

Tema prioritario

"Aparentemente, Washington sólo piensa en las elecciones, cuando Estados Unidos necesita realmente una reforma de inmigración", afirmó Olmos en un comunicado difundido el lunes.

Para el actor el tema de la reforma migratoria sigue siendo prioritario y no se puede dejar de lado.

Con este fin, Olmos convocó a un panel de líderes hispanos y desarrollar un Foro de Inmigración en la undécima Feria Anual del Libro y la Familia Latina, que se celebrará el próximo 20 de octubre en Hollywood, y cuya entrada será gratuita.

El foro busca centrarse en las medidas locales antiinmigrantes que están atemorizando y persiguiendo a la población latina en distintas ciudades, explicó Olmos.

Denunció además que algunos congresistas estadounidenses, en una forma velada, están contribuyendo a hacer más severas las ordenanzas locales de las ciudades.

Olmos puso el ejemplo del congresista Pete Sessions (republicano de Texas), quien ha colaborado con los concejales de la ciudad para implementar el programa CAP que busca la deportación de inmigrantes que han cometido delitos graves en el país.

"Sessions contribuyó a darle más poder aún al programa CAP, dándole acceso a fondos federales del departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), a fin de proporcionarles a los policías de Irving, Texas, el pago de horas extras para capturar, procesar y detener a todo el que sea hispano en esa ciudad", aseguró Héctor Flores, ex presidente de la Liga de Ciudadanos Hispanos Estadounidenses Unidos (LULAC, por sus siglas en inglés) y uno de los panelistas del Foro de Inmigración.

"Es una clara violación de nuestros derechos civiles que no puede continuar", añadió.

En el foro convocado por Olmos también participarán Alex Nogales (director ejecutivo de la Coalición Nacional de Medios Hispanos), Rubén Navarrete (columnista de difusión nacional) y Margaret Donnelly (prestigiosa abogada de inmigración escritora hispana premiada), entre otros.

 

 

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