Los rectores piden que el Consejo de Universidades dé el visto bueno a las pruebas de acceso

La presidenta de la Conferencia de Rectores (CRUE), Adelaida de la Calle, ha explicado que esta propuesta busca que las pruebas extraordinarias que pudiera acordar cada una de las universidades o varias conjuntamente no sean demasiado diferentes entre sí.

Se trataría de aprobar unos criterios generales de esas evaluaciones, según De la Caelle, aunque cada universidad sería libre de decidir si pone o no pruebas.

Según la última propuesta ministerial, el nuevo modelo de acceso de estudiantes a los estudios oficiales de grado será mediante el título de bachiller más algún requisito adicional que pudiera decidir cada universidad según principios de igualdad, no discriminación, mérito y capacidad, entre ellos evaluaciones excepcionales específicas de conocimientos y/o competencias.

De la Calle ha valorado que en el Ministerio haya "desechado" la posibilidad de que las universidades pudiesen someter a los alumnos a una entrevista de ingreso y ha subrayado también que la actual Prueba de Acceso a la Universidad (selectividad) "funcionaba".

Sobre cómo está repercutiendo la subida de tasas de matrícula en las universidades públicas, ha señalado que, como dato preliminar, aumenta en general el número de alumnos de grado, aunque hay que esperar hasta que se resuelva la adjudicación de becas para confirmarlo definitivamente.

"De lo que no estamos tan seguros -ha matizado- es de que el número de créditos matriculados por los alumnos esté en la misma consonancia" de crecimiento.

Ha asegurado que la inscripción de créditos por alumnos que repiten en tercera y cuarta matrícula ha tenido una reducción "muy considerable".

En el caso de los másteres, hay una "cierta disminución del número de matriculados".

En cuanto al manifiesto leído ayer por todas las universidades públicas contra los recortes en educación superior e investigación, De la Calle ha indicado que no va directamente contra el Gobierno, sino que es una llamada de atención a los poderes legislativos del Estado y autonómicos sobre la importancia de que estas instituciones funcionen.

"Buscamos ese apoyo y comprensión por parte de nuestros representantes (políticos), que son directamente los que están implicados en modificar o no los presupuestos, que inicialmente no nos convencen y que nos parece que perjudican el desarrollo de la universidad y, a la postre, del país", ha concluido.