La nueva Ley de cajas no pone techo a los 'sueldazos' y deja la puerta abierta a directivos imputados

Fuentes del Ministerio de Economía han explicado que será el supervisor el que decida si un imputado puede estar presente en alguno de los órganos de dirección de las cajas de ahorros. "Es un elemento más que valora el Banco de España en el momento de designación o nombramiento del consejo. Tiene un plazo de 10 días para decidir", señalan las fuentes.

   La ley, que ha sido puesta a consulta pública este lunes, establece que todos los miembros del Consejo de Administración de la caja de ahorros "serán personas de reconocida honorabilidad comercial y profesional, deberán poseer conocimientos y experiencia adecuados para ejercer sus funciones y estar en disposición de ejercer un buen gobierno de la entidad".

   Estos requisitos deberán concurrir también en los directores generales o asimilados, "así como en las personas que asuman funciones de control interno u ocupen puestos clave para el desarrollo diario de la actividad de la entidad, conforme establezca el Banco de España".

Criterios de honorabilidad

Para realizar la valoración de la honorabilidad, se tendrá en cuenta la trayectoria del consejero, directivo o empleado en su relación con las autoridades de regulación y supervisión, además de las razones por las que pudiera haber sido despedido o cesado en cargos anteriores.

   También será analizado su historial de solvencia y cumplimiento de sus obligaciones, los resultados obtenidos en el desempeño de sus responsabilidades, o si se hubiera declarado en concurso.

   A la hora de evaluar la condena por la comisión de los delitos dolosos y la sanción por la comisión de infracciones administrativas, se tendrá en cuenta si la condena o sanción es o no firme, la gravedad de la condena o sanción impuestas.

   Otra de las condiciones que se estudiará será la tipificación de los hechos que motivaron la condena o sanción, especialmente si están relacionados con delitos contra el patrimonio, blanqueo de capitales, contra el orden socioeconómico y contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social o supusiesen infracción de las normas reguladoras del ejercicio de la actividad bancaria, de seguros o del mercado de valores, o de protección de los consumidores.

   A estas circunstancias se añade la comprobación de si los hechos que motivaron la condena o sanción se realizaron en provecho propio o en perjuicio de los intereses de terceros después de que se le hubiese encargado la administración o la gestión de negocios, y la relevancia de los hechos por los que se produjo la condena o sanción en relación con las funciones asignadas al consejero o directivo.

   Asimismo, se tendrá en cuenta el tiempo transcurrido desde que ocurrieron los hechos, la existencia de circunstancias atenuantes, la posible extinción de la responsabilidad penal y la conducta posterior desde la comisión del delito o infracción, así como la reiteración de condenas o sanciones por faltas o infracciones.

   "Si durante el ejercicio de su actividad concurriese en algún consejero, directivo o empleado, alguna de las circunstancias anteriores y esta resultase relevante para la evaluación de su honorabilidad, la caja de ahorros lo comunicará al Banco de España en el plazo máximo de dos semanas", advierte la nueva ley.

Experiencia

   A los miembros de los órganos directivos también se les exigirá una serie de conocimientos y experiencia adecuados en banca y servicios financieros, así como que demuestren la experiencia que han tenido en este campo.

   "El Consejo de Administración deberá contar con miembros que reúnan suficiente experiencia profesional en el gobierno de entidades financieras para asegurar la capacidad efectiva en el Consejo de Administración de tomar decisiones de forma independiente y autónoma en beneficio de la entidad", señala.

Retribuciones

Según la normativa, que ha sido puesta este lunes a consulta pública, este documento deberá incluir la estructura de la administración de la entidad, con información de las remuneraciones percibidas por el Consejo de Administración, la Comisión de Control, la Comisión de Inversiones, la Comisión de Retribuciones y Nombramientos, la Comisión de Obra Social y la Comisión Ejecutiva.

Así, habrá que computar tanto las dietas por asistencia a los citados órganos como los sueldos que se perciban por el desempleo de sus funciones. Del mismo modo, habrá que especificar las remuneraciones análogas a las anteriores y las obligaciones contraídas en materia de pensiones o de pago de primas de seguros de vida.

Será necesario incluir, además, las remuneraciones percibidas por los miembros de los órganos de gobierno y personal directivo que se deriven de la participación en representación de las cajas de ahorros en sociedades cotizadas o en otras entidades en las que la caja tenga una presencia o representación significativa en representación de la caja de ahorros.