El Gobierno ya prepara su respuesta legal a la declaración soberanista catalana

El Gobierno ha encargado a la Abogacía del Estado que redacte un informe jurídico sobre la declaración soberanista aprobada en el Parlamento catalán. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, hizo alusión a esta petición en una conversación informal con los periodistas en el avión que le llevó de Lima a Santiago de Chile, donde participa en la cumbre con los dirigentes de América Latina, Caribe y la Unión Europea.

El jefe del Ejecutivo dijo haber pedido este informe para conocer si se puede recurrir y qué consecuencias jurídicas se producirían en el caso en que se decidiese no presentar ningún recurso, según reflejan los diarios con diferentes matices. Posteriormente, entrevistado en ABC Punto Radio, Rajoy señaló sobre este asunto que si hay alguna posibilidad de recurrir al Tribunal Constitucional porque la declaración tenga valor jurídico, lo hará.

En el mismo sentido, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros dijo ayer que el Ejecutivo sólo impugnaría la declaración de soberanía aprobada el pasado miércoles por el Parlamento catalán si así se lo recomienda el informe al respecto de la Abogacía del Estado, un dictamen del que dijo tendrá el carácter de "urgente".

Sobre el texto aprobado en el Parlamento catalán, la vicepresidenta dijo que "no se ajusta a las normas del marco de convivencia acordado entre todos", además de añadir "incertidumbre en un momento en el que la estabilidad es muy necesaria". También señaló que el Gobierno hará cumplir la ley, especialmente la Constitución, "que es de todos y no puede dejar de aplicarse la ley de todos". En otro momento, Sáenz de Santamaría recordó que la aprobación o reforma del Estatuto precisa un mínimo de dos tercios de los votos del parlamento autonómico para salir adelante, un respaldo con el que no contó la declaración del pasado miércoles, avalada con 85 votos de 135 posibles.

Por otro lado, el conseller de Presidencia de la Generalitat, Francesc Homs, defendió ayer el carácter "democrático" de la declaración de soberanía aprobada por el Parlamento catalán ante la decisión del Gobierno de solicitar un informe a la Abogacía del Estado sobre si es contraria a la Constitución. Homs calificó la declaración como una "expresión de sentido político, pero de compromiso democrático, de reflejar aquello que el pueblo de Cataluña depositó en las urnas".

Por otra parte, el portavoz de Ciutadans, Jordi Cañas, presentó ayer un escrito ante la Delegación del Gobierno, en el que reclama al Gobierno que recurra ante el Tribunal Constitucional la declaración de soberanía de la Cámara, según destaca EL MUNDO.


Valoraciones en la prensa

EL PAÍS destaca que "el Gobierno sólo impugnará la declaración aprobada en el Parlamento catalán si lo aconseja la Abogacía del Estado". EL MUNDO señala que "el presidente admite que sopesa las consecuencias de no dar respuesta a la declaración". ABC publica en portada: "Rajoy ordena un dictamen contra la 'soberanía catalana'", tras lo que añade que "la Abogacía del Estado decidirá si tiene efectos jurídicos la pretensión de Mas antes de plantear un recurso". Según LA RAZÓN, "Rajoy impugnará la declaración soberanista si vulnera la Constitución".

LA VANGUARDIA dice que la vicepresidenta "dejó sobre la mesa la insuficiencia del respaldo con que la declaración de soberanía fue aprobada". EL PERIÓDICO titula: "Rajoy mueve ficha y encarga un informe jurídico sobre la declaración", tras lo que añade que "el presidente quiere saber qué consecuencias tendrá no recurrir ahora ante el Constitucional", y también que "el líder del PP intenta contentar al ala dura de su partido, incómoda con su aparente pasividad".


Visita de Mas al Rey

Por otra parte, el Rey Don Juan Carlos recibirá el próximo jueves en La Zarzuela al presidente de la Generalitat, Artur Mas, según confirmó ayer la Casa de S.M. el Rey. Los diarios recuerdan que este encuentro se enmarca dentro de los tradicionales que Don Juan Carlos mantiene con los presidentes autonómicos tras su toma de posesión, si bien, según destacan todos los rotativos, la cita traspasará lo meramente protocolario ya que, en ella, el Rey y el presidente catalán examinarán la reciente aprobación por ese Parlamento autonómico de la declaración de soberanía. Posteriormente, también habrá un encuentro entre el presidente de la Generalitat y el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, en una fecha aún sin precisar, como señaló ayer desde Chile el propio Rajoy.



Las posibles medidas

La primera vía que podría emplear el Gobierno ante la consulta soberanista es la antes mencionada: recurrir al Constitucional. El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, dijo en su día que acudirá a este Tribunal para impedir la convocatoria de un referéndum en Cataluña en 2014, como han pactado esas dos fuerzas políticas.

La segunda vía pasa directamente por demandar a Artur Mas por invasión de competencias. Si hubiera consulta, "el Gobierno de España, en cumplimiento de nuestra Constitución, iniciaría los mecanismos legales para suspender la celebración del mismo". Esta posibilidad pasa por que la Fiscalía General del Estado actuara contra Artur Mas como firmante del decreto de convocatoria del referéndum por un posible delito de prevaricación.

Si la consulta es finalmente organizada, la Delegación del Gobierno podría solicitar formalmente a las autoridades catalanas que la dejaran sin efecto, por no atenerse a la legalidad. En el caso de que Mas insistiese en celebrarla, se le podría acusar de un delito de desobediencia y ser inhabilitado para el ejercicio de la política, convirtiéndole en un mártir político para los soberanistas catalanes.

La tercera vía es ya la más extrema y a la que el Gobierno prefiere no tener que llegar en ningún caso, pero existe como posibilidad. Hablamos de la siempre polémica idea de la suspensión de la autonomía catalana.

Desde 2007 circulan especulaciones al respecto, en tiempos de iniciativas de este tipo en Euskadi, con el conocido como 'Plan Ibarretxe'. El articulo 155 de la Constitución, en su punto 1, se dice: "Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras Leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general".

Como el PP controla el Senado con mayoría absoluta, tendría fácil llegar a tal extremo, aunque el desgaste político de llegar a tomar esa decisión tendría repercusión durante décadas para el partido que ahora preside Mariano Rajoy, jefe del Ejecutivo nacional.


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