Manifestación contra la privatización de centros sociales

  Unas 400 personas se congregaron hoy frente al Ayuntamiento de Madrid, en la plaza de la Villa, durante la celebración del Pleno de octubre, para protestar contra la privatización de los centros dependientes de las Juntas de distrito, como los centros de mayores, los centros de servicios sociales, los centros culturales, salas de lectura, casas de baños, evacuatorios, bibliotecas y centros juveniles municipales o los centros de día, en una manifestación convocada por CC.OO., UGT y CSI-CSIF.

   El secretario de Acción Sindical de CC.OO. de Madrid, Fernando Recio, explicó que "lo que quiere hacer el Ayuntamiento es privatizar a los ordenanzas de los centros culturales, de mayores, de polideportivos... de las Juntas de distrito", y añadió que la consecuencia de esta acción será "un incremento en los precios de los talleres, peor calidad en los servicios", así como "una situación más precaria" por la reducción de las plantillas.

   "Asimismo, los derechos de los trabajadores se verán alterados radicalmente, se recortarán servicios y subirán los precios de las actividades, lo que hace de esta iniciaitva una estafa para el pueblo de Madrid", aseveró Recio.

   Según los datos de los sindicatos, si el Ayuntamiento pone en marcha estas privatizaciones, como ha anunciado, a partir del 1 de enero de 2008, "unas 630 personas se verán afectadas y, aunque no quedarán en la calle, sí verán recortados sus derechos". Lo que es aún peor, los sindicatos rechazan hablar sobre las condiciones laborales posteriores a esa fecha ya que "según el marco regulador, cualquier gestión diferente a la actual se debe negociar, pero no se ha hecho así".

   Así, Recio anunció que "ésta será la primera de un calendario de movilizaciones para luchar contra esta medida".

También a los polideportivos

   Por otra parte, la secretaria de Organización de UGT-Deportes, Otilia Rodríguez, añadió que "los trabajadores de los polideportivos apoyan a los ordenanzas, porque dentro de poco también se privatizarán los centros deportivos".

   "El alcalde ya ha hecho pública y manifiesta esta privatización sacando pliegos para empresas privadas que se quedarán con los nuevos polideportivos y con los que ya se han inaugurado, así que nosotros hemos venido a luchar por un servicio público de calidad y por un empleo estable", aseguró la responsable de UGT, que cifró en "entre 1.100 y 1.200" los trabajadores interinos que se quedarán en la calle con esta medida.

   Lo que es más, "este nuevo sistema ni siquiera será barato, porque el Ayuntamiento pagará más a las contratas que lo que cuestan los funcionarios, y encima esas compañías pagan mal a sus trabajadores, menos de 700 euros al mes, que pasarán de ser 4 o 5 en cada centro a ser uno", subrayó Rodríguez.

   Por último, la sindicalista puntualizó que "no es sólo la privatización de centros polideportivos, es que además algunos servicios están externalizados y ni siquiera se sabe quién está a su cargo, como en Valdebernardo, que hay clases de tenis y pádel y no lo lleva personal del Ayuntamiento".

   Según los sindicatos, las privatizaciones empezaron ya con los auxiliares administrativos de Registro y Estadística de las Juntas municipales de distrito, un servicio, denominado Línea Madrid, que actualmente se presta "en su mayoría" por trabajadores de empresas privadas. Además, CC.OO. denunció que los pliegos de contratación publicados por el Ayuntamiento en las últimas semanas incluyen, "en un mismo paquete para todos los edificios de una junta de distrito", el mantenimiento, la limpieza, la seguridad y, "por primera vez", la atención al público.

   "Ahora se contrata la atención y ya muchas actividades culturales y de mayores estaban subcontratadas. Parece que sólo quedan a cargo del dinero del contribuyente los gastos, dejando los beneficios limpios sin riesgos ni inversiones a las empresas", criticó el sindicato.

   Según CC.OO., el volumen de facturación exigido en los contratos hace que sólo vayan a optar a ellos las grandes empresas como Acciona, Eulen, ACS o Ferrovial. "Lo que se pretende es un despilfarro del erario público traspasando el trabajo realizado por funcionarios a manos privadas, duplicando el gasto de personal sin ninguna justificación y con detrimento de los derechos de los trabajadores, sin que esto conlleve un mejor servicio al ciudadano", afirmó la entidad que dirige Javier López.