Camisa de once varas

Aparentemente el flujo de recursos canalizados por el Ministerio de la Producción en el marco del TCP-ALBA se reanudará luego de que se denunciara que once millones de dólares destinados a proyectos aprobados en dicho despacho “no aparecían”. En principio, la ministra del área no parecía tener la menor idea de lo que ocurría, atinando al clásico expediente de ordenar una auditoría para desvirtuar que se estuvieran cometiendo malos manejos.
 
Pasados unos días, la situación se aclaró parcialmente: no se trata de 11, sino de 9.5 millones y los mismos no fueron desembolsados por Bandes, la entidad venezolana que entrega estos recursos. Pero en el ínterin de los dimes y diretes han salido datos que mueven a la suspicacia; se sabe, por ejemplo, que los financiadotes habían decidido suspender la ayuda debido a “irregularidades” (Uchani dixit) por lo que el propio viceministro de la micro y pequeña industria llamaba a la calma a los beneficiarios asegurando que se lo haría “aunque sea con recursos propios” (la entrega de dinero). Queda, sin embargo, la sensación de que el manejo del programa de apoyo a los pequeños productores no es de los más pulcros.
 
Si bien, y vaya uno a saber cómo, el tema de los “11 millones” ha sido resuelto entre el gobierno boliviano y los banqueros venezolanos -¿se olvidaron de las irregularidades?- el caso es que en términos de gestión, nuestras autoridades adolecen de enormes carencias. Hace poco, respecto del juicio de responsabilidades contra Sánchez de Lozada, la ministra de Justicia celebraba que la Fiscalía hubiera “fallado” al respecto. No creo que se tratase de un lapsus; lo más probable es que tratara de simple desconocimiento –disculpable en parroquianos comunes, imperdonable en alguien que ejerce dicho cargo-. La Fiscalía no emite fallos, son los jueces quienes lo hacen.
 
Y así en prácticamente todas las áreas de la administración gubernamental aunque, hay que reconocerlo, en el rubro “propaganda” el desempeño es sobresaliente.
 
Pero la campaña preelectoral en la que se halla embarcado el Presidente no alcanza para disimular un hecho cada vez más evidente: el Gobierno se ha metido en camisa de once varas, talla que corresponde no a la de un minúsculo macaco, sino a la de un simio de dimensiones colosales, una suerte de King Kong tropical (gorilismo del siglo XXI). La burda ocupación militar de Viru Viru no es la chambonada que el propio Ejecutivo ha asumido como tal; es algo inconfesable que ha sucedido durante las horas en las que no se permitió el acceso de la prensa y menos de los ciudadanos corrientes. El propio ministro de la Presidencia ha dado la pauta al reconocer una “relación de dependencia” –A confesión de parte, relevo de prueba-. El costo político de la chambonada es menor que el de la sumisión extrema al nuevo rico del barrio.
 
A estas alturas, el régimen está a expensas de lo que puedan hacer once jugadores de verde; un triunfo le vendría de maravilla para distraer la atención: la instrumentalización política del deporte, recurso ideado por Hitler en la persona del boxeador Max Schmeling, posteriormente aplicado por varios dictadores.