El PP rechaza retirar los 'chirimbolos' publicitarios de Madrid

El concejal socialista responsable de Medio Ambiente, Pedro Santín, explicó ante el resto de la Corporación Municipal los motivos por los que se pedía la suspensión del contrato.

En primer lugar, por las irregularidades en su adjudicación, ya que "por unos 10.000 metros cuadrados de publicidad, 6.500 de ellos en los 900 nuevos soportes permanentes, sólo se cobrarán 16 millones de euros". "Es una cifra ridícula, porque sólo 200 de esos soportes facturarán en el mercado 19 millones de euros", aludió Santín.

Además, los socialistas denuncian que "este contrato, que aportará 160 millones de euros al Ayuntamiento en los próximos 10 años, no fue publicado en el Boletín Oficial del Estado, tal y como dice la Ley de Administraciones Públicas, ni tampoco en el Diario de las Comunidades Europeas, porque el Ayuntamiento convocó un concurso sin establecer un precio mínimo de licitación".

"Es un contrato chapuza que no ha respetado el procedimiento administrativo porque ni siquiera se incluyen en el expediente todos los informes necesarios, como por ejemplo, el de Patrimonio Histórico", añadió el edil del PSOE.

Por otra parte, el Grupo Municipal Socialista llamó la atención sobre la solvencia económica de la empresa adjudicataria, la Unión Temporal de Empresas (UTE) Clear Channel-Cemusa, que "en 2004 estuvo en quiebra técnica, aunque ninguno de esos informes contables fue considerado para evaluar la oferta", y recordó que hubo otra compañía, la sociedad Viacom, ofrecía 73 millones más por el mismo contrato.

Santín se refirió al incumplimiento por parte de los nuevos 'chirimbolos' de las ordenanzas de mobiliario público por su tamaño y de protección del espacio urbano. "Además, hay que tener en cuenta los efectos negativos que para Madrid tiene tanta publicidad en la calle", incidió el edil, pidiendo que "se reordene y redistribuya el mobiliario urbano que ya existe, que es un caos".

No habrá paralización del contrato
Sin embargo, el PP hizo valer su mayoría absoluta imponiendo su voto negativo a los favorables de PSOE e IU, justificando la elección de este proyecto en que "la adjudicación no tuvo en cuenta sólo la oferta económica, sino también la viabilidad financiera".

"La empresa que no se adjudicó el contrato presentaba una oferta en la que el tiempo medio necesario de exposición estaba en un 90 por ciento, cuando en Madrid es el 80 porciento, y además, ofrecía rotar la publicidad cada semana, cuando en España se rota cada 15 días", justificó la delegada de Medio Ambiente, Ana Botella.

Sobre la ubicación, la edil popular recordó que, "una vez aprobado, el contrato estuvo paralizado tres meses para estudiar uno por uno los lugares donde se colocarían los soportes publicitarios para que fueran los sitios más apropiados", y comparó a Madrid con otras ciudades como París, donde hay "muchos más soportes que en Madrid".

"Todos los ayuntamientos de España recurren a la publicidad, incluso los que gobiernan PSOE. Hay que esperar a ver cómo se resuelve el proceso judicial, porque es la empresa perdedora del contrato la que ha llevado al caso a los tribunales y no se puede parar un contrato público cada vez que a una empresa no le va bien", atajó Botella.

Mientras, la edil de IU, Raquel López, criticó que "parte de la política de privatización de este Ayuntamiento pasa por los espacios públicos, ayudando a las empresas a crear más consumismo e ignorando cualquier criterio paisjaístico y urbano, invadiendo además el poco espacio viario que hay para los peatones". "Además, incumple la Ley de Patrimonio Histórico, porque tapan los monumentos, y también son peligrosos para la conducción porque distraen", añadió López.

Por último, Santín recordó que la Comisión de Vigilancia de la Contratación del Ayuntamiento ha pedido varios informes para estudiar el caso, y que se deberá también estudiar su instalación y su impacto sobre el paisaje urbano de la capital.