Elizabeth Iñíguez, presidenta del TC, y Martha Rojas, decana de la institución, oficializaron su renuncia en sendas cartas dirigidas al vicepresidente del país, Álvaro García Linera, quien también es la máxima autoridad del Congreso nacional.
Ambas magistradas denuncian en las misivas que tanto ellas como sus colegas del TC han sido víctimas de una "agresión permanente" y un "sistemático hostigamiento", a raíz del juicio "político" y "sin sustento jurídico" impulsado por Morales en su contra.
El presidente denunció por prevaricación a cuatro de los cinco magistrados del Constitucional, entre ellos a Iñíguez y Rojas, porque cesaron a cuatro miembros de la Corte Suprema que él mismo había designado por decreto a fines de 2006, durante un periodo sin sesiones del Congreso.
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