El CEP afirma que los agentes fueron objeto de una "emboscada" en la Cañada

 "Los medios de comunicación hacen hincapié en este herido pero fueron 29 más en un concurso de delitos con desorden público por los que todavía estamos esperando que la Fiscalía de Madrid y el Ministerio del Interior se personen como acusación particular de esta agresión múltiple", ha manifestado en declaraciones en Telemadrid el portavoz de la Confederación Española de Policías, Rodrigo Gavilán."Parece que todo el mundo se olvida de que hablamos de 30 delitos de atentado contra la autoridad en un tramo de un hora y eso es muy grave", ha dicho Gavilán que ha apuntado que en este asunto, el Ministerio del Interior "no ha hecho ni una nota de prensa".

Según el representante policial, el tema de la Cañada Real tiene su origen el pasado 9 de octubre. Por orden judicial, las autoridades procedieron al derribo de 450 chabolas. Tras esta operación, alguien del sector marroquí señaló que aquella operación se llevó a cabo porque todavía quedaban 4 días de Ramadán, y este mismo sector minoritario impregnó a toda la sociedad inmigrante de que se trataba de un ataque contra su cultura y su religión. A su juicio, cuando tuvieron conocimiento de que unos días después se procedería con la segunda intervención, se hizo causa común y los varones marroquíes introdujeron a doce mujeres y menores en una casa.

"Esas son las imágenes que hemos visto, a la policía sacando mujeres de una casa, mujeres que estaba ejerciendo una resistencia activa". En aquel momento, "la Policía Municipal solicita ayuda de la Policía Nacional, hacemos una envolvente, y es entonces cuando comienzan a aparecer docenas de jóvenes marroquíes tirando piedras desde las alturas. Nos hicieron una verdadera emboscada planificada", ha declarado Gavilán, que también ha afirmado que situaciones como la de Cañada Real ponen de manifiesto la indefensión en la que se encuentran los agentes. Según datos del Anuario Estadístico del Ministerio ha habido más de 19.400 agentes agredidos en 2006 en toda España, sólo en la CAM, 3.125 policías de uniforme que han sufrido una agresión.

Según el artículo 551 del Código Penal, agredir a un agente de la autoridad "conlleva un delito con una pena privativa libertad de entre 6 meses a 2 años de prisión", ha explicado. Sin embargo, "cuando practicamos la detención de una persona que nos ha agredido, con parte de lesiones, con testificales y con todas las garantías jurídicas, y lo pasamos a disposición judicial, el fiscal entiende que eso no es delito y en más del 90% de los casos, lo considera falta, que se cumple con días multa. Es decir, que agredir a un policía se suele ventilar con 30 euros".

No obstante, la principal preocupación de los cuerpos de seguridad del Estado es, según Gavilán, las denuncias que les interponen los mismos detenidos. "Se ha puesto de moda que el mismo delincuente nos pongan una denuncia de forma sistemática, ya sea denunciando acoso, coacción, malos tratos o injurias porque considera que así puede anular la prueba testifical de la policía". De manera que "nos encontramos al mismo tiempo con dos imputados, uno el delincuente y otro el policía. A nivel judicial, eso no nos importa mucho porque entre el 98 y 99% de los casos, el juez en sentencia firme observa que la denuncia era falsa, el problema está en nuestro régimen disciplinario".

"Cuando alguien nos denuncia, nos abren un expediente disciplinario por falta muy grave y el Ministerio del Interior nos solicita al menos un mínimo de tres años de separación del ejercicio del Cuerpo, y como este expediente sancionador no expira hasta que se dicta sentencia firme, nos encontramos con que detener a un delincuente puede dar al traste con la carrera de cientos de policías", ha dicho en la entrevista emitida en 'El círculo a primera hora'.