Los fuera de la ley

El PP ha decidido incluso ignorar sus limitaciones autoimpuestas, como es la asunción de responsabilidades políticas en los casos de corrupción.

Si alguien pensaba que la rotundidad de la sentencia del 11-M les haría bajarse del burro --al PP y a sus coros mediáticos, aunque a veces parezca que la batuta la llevan estos últimos y los populares les sigan dóciles al precipicio como en el cuento del Flautista de Hamelín-- se equivocó de medio a medio. Tras algunos pequeños titubeos, la teoría de la conspiración, readaptada para eliminar sus aspectos más grotescos y disparatados, regresa en todo su esplendor. No hablan de ETA, sólo faltaría después del varapalo judicial, pero se agarran desesperadamente a la interpretación sesgada de un párrafo de entre los miles de folios del fallo judicial, para seguir exigiendo que se busque a los “autores intelectuales” de la matanza de Atocha.

No sé si el PP ha caído en la cuenta de lo contradictorio que resulta buscar autorías intelectuales en quienes decidieron y ejecutaron el asesinato de 191 personas y que causaron miles de heridos. No hay nada de inteligencia en matar al prójimo, se haga desde el terrorismo islamista, el nacionalismo etarra o desde la ‘legitimidad’ de un Estado. Pero el PP, que hizo propias todas las mentiras urdidas por El Mundo y la COPE para hacer negocio con el dolor humano, no puede desembarazarse de sus molestos compañeros de viaje. No al menos sin riesgo de exponerse a ser ‘fusilados al amanecer’ en las ondas de la radio de los Obispos y a recibir el tiro de gracia con las primeras ediciones de la prensa ‘amiga’.

La no aceptación de la sentencia por parte del PP --se acata, dicen, pero inmediatamente, comienzan a poner en tela de juicio aspectos claves de ella-- tiene todo que ver con las elecciones de marzo próximo. En el PP son plenamente conscientes de que no pueden decirles a sus votantes que los cuatro años transcurridos vendiéndoles que no perdieron las elecciones, que se las ganó una conspiración de etarras, moritos, policías, corruptos y servicios secretos extranjeros confabulados para dar la victoria electoral al PSOE y vengarse de José María Aznar, ese líder sin mácula, gran timonel que nos sacó del rincón de la historia, eran cohetería averiada. Y menos aún enfadar a aquellos medios de comunicación que, si bien muchas veces les han forzado a adoptar determinadas posturas, son elemento clave en ahormar a un sector de la opinión publica, imprescindible para no estrellarse electoralmente en las legislativas de marzo próximo.

Metidos en harina de hacerse trampa para dar por bueno lo que les favorece, independientemente de que sea legal o no, el PP de Cantabria ha decidido ignorar el dictamen de los expertos sobre el tránsfuguismo del alcalde de Castro Urdiales, en ese cargo porque el PP le dio sus votos. Los expertos, que son personas de bien ganada fama por su imparcialidad, son la instancia a la que recurren los partidos cuando no hay acuerdo en la calificación de una mala praxis política en las instituciones. Fue el caso de Castro Urdiales, donde ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo en la condena de lo ocurrido, se decidió someterse a una opinión independiente.

Pues bien la opinión independiente no puede ser mas clara y contundente: el alcalde de Castro Urdiales, Fernando Muguruza, es un tránsfuga de libro, que diría el presidente regional, Miguel Ángel Revilla. La decisión fue dada a conocer esta semana por la secretaria general del PSC-PSOE, Lola Gorostiaga. La próxima reunión del Pacto Antitránsfuguismo, en el que se sientan todos los partidos del arco parlamentario nacional, debería por tanto ser cuestión de mero trámite. Se asume el dictamen de los expertos, se confirma la condición de tránsfuga de Muguruza y se ordena al PP, por la dirección nacional de su partido, que deje de apoyar al ‘condenado’. Pues bien, el presidente del PP de Cantabria, con el apoyo de los ediles castreños de su partido y la comprensión del periódico de la derecha, ya ha dicho que nones: que no va a cumplir la ley.

El PP pone como condición para retirar su apoyo al tránsfuga Muguruza que socialistas y regionalistas rompan su pacto municipal. Ignacio Diego, que estas alturas carece de la más mínima altura política, coloca al mismo nivel a un delincuente político con quienes se han limitado a utilizar los resortes que rigen las leyes electorales, en un acuerdo político, con luz y taquígrafos. Los pactos entre partidos no son en ningún caso equiparables a los conchabeos con tránsfugas. Quien así piensa se hace cómplice de esa moral extraviada y delicuescente de la que algunos políticos hacen gala para servirse de la política en razón de sus intereses personales.

En el apoyo de Diego a Muguruza está claro, por tanto, que se da una torticera utilización de la política. Pero, parece, que además también hay intereses económicos. El presidente de Cantabria se ha referido al tráfico de maletines, que es metáfora aceptada para referirse a corruptelas y compra ventas de voluntades políticas, actividad muy conocida en Cantabria. El tráfico de maletines para comprar voluntades y mayorías políticas era moneda de uso corriente en la Cantabria de los años ochenta y noventa, con la derecha campando por sus respectos en las instituciones regionales. Tal era así que incluso llegó a correr el rumor de que algunos paganinis habían pedido que al menos se les devolvieran los ‘Sansonites’ con que se hacían las entregas.

Si Diego y el PP mantienen su apoyo a Muguruza con una decisión en contra de la Comisión Antitránsfuguismo no es, no nos equivoquemos, porque se declaren en rebeldía con respecto a la dirección nacional de su partido. Tenemos en esta tierra suficientes ejemplos de cómo la derecha es capaz de rectificar cuando le interesa. Recuerden como de la honra sin votos de Aznar antes de las elecciones de 1991 se pasó a votos sin honra, una vez que se conoció que la escisión del PP, protagonizada por Hormaechea, había sacado dos diputados por cada uno de los populares. José Luis Vallines, entonces máximo dirigente del PP y hoy mentor de Diego, aceptó la decisión de Madrid sin pestañear y a pesar que desautorizaba su discurso del último medio año.

¿Acatará Diego la decisión nacional? ¿Habrá interés del PP nacional porque se cumpla esa decisión? Mucho me temo que el PP se enredará en condicionantes y mentiras para evitar devolver la democracia municipal que han hurtado a los ciudadanos de Castro Urdiales. Si es así socialistas y regionalistas tienen la posibilidad de presentar una moción de censura contra Muguruza, que sólo podría superarla si se mantiene el apoyo del partido que lidera Rufino Díaz. Un ex socialista que fue expulsado del PSOE por haber propiciado hace tres años una moción de censura contra Muguruza. Casuualidades de la vida.

Pero Diego no está por soltar la prensa. En los seis meses transcurridos desde las elecciones, cuando los ciudadanos le negaron la mayoría absoluta que demandaba para volver a gobernar Cantabria, el dirigente del PP ha utilizado el chantaje, la amenaza y la mentira para intentar restañar las heridas abiertas por un resultado electoral previsible para todos menos para él. Diego ha suscrito pactos que no ha cumplido para hacerse con alcaldías (Bezana), auspiciado tránsfugas (Castro) o intentado comprar el voto de algunos municipios para hacerse con la presidencia de la Federación de Municipios, que no podía tener por la representación municipal alcanzada por el PP. Grandes esfuerzos encaminados a ocultar su mala gestión de cuatro años al frente del los populares cántabros que, todo indica, le será ‘pagado’ con un puesto en Madrid en las próximas elecciones. Porque el electorado y la militancia de derechas no está por admitir como inevitable una tercera legislatura en la oposición, algo que con Diego al frente del partido está más que asegurado.

Madrid no será un premio de consolación para Diego en un partido que ya ni siquiera se molesta en justificar la conculcación de sus normas autoimpuestas, como la asunción de responsabilidades políticas en casos de corrupción. El ejemplo de Ignasi Plá, obligado por el PSOE a dimitir como responsable del Partido Socialista del País Valenciano, por el retraso en el pago de unas obras en su domicilio, contrasta con la aparición en primer línea del acto de presentación de Rajoy como candidato a la presidencia del Gobierno, a sólo tres sillas de distancia, del presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, imputado por malversación de fondos públicos y tráfico de influencias, que ni renuncia al cargo, ni el PP le margina por ello.