Ahora le toca a la justicia

Aseguran sus críticos (que no faltan) que el gobierno Zapatero ha tenido tres fallos, o fracasos, prioritarios en sus tres años y medio largos de andadura: la política exterior, la política territorial y el funcionamiento de las instituciones. Abordando el primero de los temas, yo diría que, pese a todos los claroscuros, este ha sido un buen fin de semana para la  política exterior española, tanto por lo logrado en Chad como por la firmeza mostrada por el jefe del Estado y el jefe del gobierno españoles frente a los ataques lanzados en sesión plenaria por Hugo Chávez contra políticos como Aznar o contra empresarios de nuestro país en la cumbre iberoamericana de Santiago de Chile. Otra cosa es, claro, el futuro de estas cumbres tras el desastre de esta decimoséptima edición: habrá que replantearse muchas cosas, admiten todas las fuentes diplomáticas consultadas, porque no se puede “poner en el mismo plano” a la mayoría de los líderes iberoamericanos, estrictamente democráticos, y a personas como Hugo Chávez o Daniel Ortega, para quienes el significado de estos encuentros parece ser diferente.

Por lo que se refiere a novedades sobre la política territorial, mucho podrá hacerse desde la Federación Española de Municipios y Provincias, que este domingo elegía a sus dirigentes con la vista puesta claramente en el inicio de una nueva etapa de regeneración e innovación. Pero eso no basta: a lo largo de la Legislatura ha sido patente una cierta falta de planificación gubernamental en esta importante materia, en la que mucho se ha improvisado. Y ahí está el escollo de los recursos de inconstitucionalidad presentados por el PP y por el defensor del pueblo contra el Estatut de Catalunya. Todo depende ahora –puede que incluso el resultado de las elecciones de marzo—de que esos recursos, y otros presentados contra piezas clave de la legislación socialista, puedan dictaminarse ‘a tiempo’ en el seno del Tribunal Constitucional.

Y aquí entramos de lleno en el tercero de los principales ‘puntos flacos’ que se achacan a la actuación del Gobierno Zapatero. Esta semana, el miércoles, se reúne, y es un hecho sin precedentes, el pleno de este alto tribunal, incluyendo a los cinco miembros recusados (dos por el gobierno socialista y otros tres por el Partido Popular). Se trata de ver si ese plenario puede decidir sobre el recurso presentado a la enmienda a la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional que trataba de impedir el relevo en diciembre de la presidenta del organismo, María Emilia Casas (aliada con los ‘progresistas’), y que elegantemente ha decidido abstenerse en esta cuestión, al igual que el vicepresidente del TC. El plenario podría tomar posición igualmente acerca de si los recusados pueden intervenir en otras cuestiones, entendiendo que es un peligroso precedente que partes interesadas puedan bloquear el funcionamiento del Tribunal a base de recusar, por presunta falta de imparcialidad, a algunos magistrados.

Y algunas de esas recusaciones, que han dejado al TC sin quórum para adoptar decisión alguna,  se han producido basándose sin más en ciertas informaciones aparecidas en la prensa. Con lo que bastaría, dicen medios jurídicos, con filtrar informaciones tendenciosas a un medio para poner en marcha la recusación de un magistrado ‘incómodo’ para los fines de una parte interesada.

La cuestión es muy grave, mucho más grave aún que la paralización del Consejo del Poder Judicial por haber cumplido su mandato hace más de un año y haber sido incapaz de renovarse hasta ahora. El Tribunal Constitucional es el máximo órgano de apelación, tras cuyas decisiones no existe posibilidad de recurso. Sus sentencias son prácticamente inapelables ante cualquier otra instancia nacional. Y tiene pendiente pronunciarse sobre el Estatut de Catalunya (que ha sido un empeño de Zapatero), la Ley de Igualdad (otra de las leyes ‘estrella’ de esta época), la ley de violencia de género (ídem) y el matrimonio homosexual.

 Está claro que una victoria del sector ‘conservador’ en el seno del Tribunal, suponiendo que este (con el voto de los propios recusados) decida seguir normalmente su marcha pese a las recusaciones, amenazaría con ser un duro varapalo para el gobierno socialista, porque no cabe duda de que las sentencias sobre casos como el Estatut se acelerarían. Y, por el contrario, si los ‘progresistas’, con Casas a la cabeza, logran mantenerse y mantener el funcionamiento del Tribunal, esos recursos se aplazarían en el tiempo hasta después de las elecciones. Luego, el escándalo ante sentencias adversas al Estatut o a otras cuestiones podría ser más o menos grande, pero no tendría ya influencia sobre la votación ciudadana el 9 de marzo.

No es baladí, así pues, lo que pueda ocurrir este miércoles, aunque, dada la importancia y trascendencia del asunto, lo que se considera más probable es que el TC siga bloqueado por falta de quórum: todos se juegan mucho –el sillón de La Moncloa, nada menos-- cediendo o perdiendo el pulso. O  llegando a un acuerdo interno que permita que el TC funcione a pleno rendimiento.

Qué duda cabe de que entre los cambios sustanciales que se hacen imprescindibles ante la próxima legislatura se encuentran la normativa sobre composición y funcionamiento de estas instancias judiciales, cuyo defectuoso trayecto y cuya dependencia de los partidos políticos tan patentes han sido a lo largo de estos últimos años. No solamente, por cierto, los de mandato socialista. Pero, por supuesto, parece claro que tales cambios habrán de esperar al resultado de las elecciones; mientras tanto, la vergüenza de las instituciones va a prolongarse, salvo que un improbable ataque de sentido común se impusiese en la actuación de unos magistrados que, ante el escándalo, no han tenido aún el gesto de dimitir colectivamente.