La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, y los rectores de las seis universidades públicas madrileñas firmaron este viernes el nuevo Plan de Inversiones 2007-2011, dotado con 640 millones de euros y destinado a la creación y renovación de las infraestructuras universitarias.
Las seis universidades públicas de la región recibirán en los próximos cinco años unos fondos fijos de 585 millones de euros y otros 55 millones más como fondos variables, que se distribuirán de acuerdo con los porcentajes de las subvenciones que reciben para gastos corrientes.
Los 585 millones de euros se repartirán de la siguiente forma: la Universidad Complutense recibirá entre 2007 y 2011 un total de 199 millones de euros; la Politécnica, 121 millones; la Autónoma, 88 millones; y las universidades de Alcalá, Carlos III y Rey Juan Carlos recibirán 59 millones de euros cada una.
En el acto de firma del plan, que se celebró en la Real Casa de Correos, Esperanza Aguirre dijo que el nuevo plan garantiza la "eficiencia", "transparencia", "equidad" y "sostenibilidad" financiera de las infraestructuras de las universidades públicas. La presidenta señaló que el plan recoge las propuestas de las propias universidades y que éstas han sido "respaldadas e incluso incrementadas" por la Consejería de Educación.
Afirmó que el principal objetivo de este acuerdo es que Madrid alcance una posición de liderazgo en el "contexto universitario internacional", y explicó que, aunque cada universidad tiene que cubrir distintas necesidades, todas tienen asegurada la rehabilitación, modernización y accesibilidad en sus edificios gracias a esta dotación financiera.
Como "prueba" de la calidad de las universidades públicas madrileñas, Aguirre destacó que el 20 por ciento de los alumnos que estudian en ella han venido desde otras comunidades autónomas o desde el extranjero.
El rector de la Universidad Rey Juan Carlos, Pedro González Trevijano, manifestó que aunque siempre que se habla de dinero "parece poco", el marco financiero hasta 2011 resultará "suficiente, estable y transparente" y permitirá a los centros universitarios públicos de la Comunidad trabajar con "tranquilidad a medio plazo".