Greenpeace llevan bidones “radiactivos” a la Puerta del Sol como protesta por el ATC

Los activistas, ataviados con monos y máscaras han portado pancartas con el lema: ”¡Peligro! Ruta nuclear en 216 municipios“ y ”No al cementerio nuclear". Con esta acción, la organización ecologista quiere pedir al Gobierno una moratoria al que consideran "innecesario y caro proyecto".

"Bidones radiactivos reales podrían estar ahora circulando por nuestras carreteras y cruzando más de 200 pueblos de España. Un riesgo que no necesitamos, como tampoco tenemos necesidad gastarnos más de 1.000 millones de euros en construir el ATC. Desde Greenpeace queremos reiterar que es un peligro y que no es necesario. Por eso exigimos una moratoria y animamos a los municipios afectados a que se sumen a ella", ha declarado Raquel Montón responsable de Campañas de Greenpeace España. La organización ecologista recuerda que el proyecto "está teniendo muchas irregularidades".

En la actualidad el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ya ha tramitado su informe para la autorización previa del emplazamiento "sin atender el dictamen de sus técnicos y ha iniciado la licitación de la obra civil sin tener aún todos los preceptivos informes previos".

Greenpeace presentó el pasado martes el documento El viaje de los residuos nucleares al ATC junto con la web de esta iniciativa, en la que a través de un mapa interactivo se reproducen las siete rutas para el transporte de residuos que ha designado la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa) en su proyecto del cementerio nuclear, así como los puntos negros de las carreteras por los que pasarán.

Además se puede contactar con los ayuntamientos de los municipios afectados para promover el apoyo de la moratoria.

Los motivos que la organización expone para pedir la paralización del ATC de Villar de Cañas están relacionados con los riesgos que, en su opinión, implican estos transportes, por la radiación que emiten "y especialmente por el peligro de accidente, que nunca puede descartarse".

Además, apuntan, "se disminuye el valor de las propiedades inmobiliarias en las zonas por donde circulan este tipo de materiales y residir en las inmediaciones supone un factor de ansiedad y estrés emocional".

Por otro lado, creen que el proyecto "supondría un despilfarro económico": costaría 1.000 millones de euros, que asumiría Enresa (es decir, toda la ciudadanía), frente a los 20 millones que cuesta aproximadamente cada almacén individualizado creado en cada la central, que además ya están construidos o en proyecto en ocho de los nueve reactores nucleares.

Creen que se puede renegociar una vez más la fianza con Francia respecto a los residuos nucleares que están alojados en La Hague y que se puede encarar "un plan de gestión de residuos radiactivos y desmantelamiento nuclear seguro y democrático" y también "preservar el dinero público de todos y en un tema que trasciende a muchas generaciones posteriores".