Miles de pandinos afines al Gobierno del MAS, y grupos de universitarios y ciudadanos se enfrentaron ayer en una tenaz batalla campal de la que también participaron efectivos de la Policía que se desplazaron hasta Cobija, contabilizándose más de 20 heridos de todos los bandos. Anoche se decretó una débil tregua, pero es incierto si dos policías tomados como rehenes habían sido liberados o no. Gran parte de la población cobijeña está molesta por el envió de 150 policías desde La Paz la noche del pasado jueves. La presencia de los uniformados, posterior a la llegada del ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, es considerada como una provocación, señaló Ricardo Shimokawa, vicepresidente del Comité Cívico de esa ciudad. "Vinieron a provocar porque custodiaron una marcha de masistas cuando no era necesario", dijo.
Los sectores contrarios a los cívicos y la Prefectura negaron la versión. Según Felix Yapu, dirigente de los gremiales, los provocados y agredidos fueron ellos luego de su marcha de protesta por las ofensas del prefecto, Leopoldo Fernández, y para que se retracte de su amenaza de expulsar a todos los que no son de esa región.
La protesta, de acuerdo a versiones periodísticas y personas que estuvieron o fueron testigos, comenzó a las 11:00 y se concentró en la plaza principal.
Fueron unos 4.000 gremialistas, campesinos y pobladores de Cobija y sus alrededores que tomaron las principales calles de esa ciudad para protestar contra la determinación de Fernández y los cívicos de ejecutar una huelga general contra el Gobierno a causa del recorte del Impuesto Directo de Hidrocarburos (IDH) y la aprobación en grande de la nueva Constitución Política del Estado.
LA TREGUA
En una actitud más conciliadora que algunos de sus ministros, el vicepresidente Álvaro García Linera apareció para informar que el Poder Ejecutivo y las organizaciones cívicas de Pando decidieron concretar un convenio por el cual se busca imponer la paz en esa región amazónica. La autoridad explicó que la oportuna intervención del gobierno y el presidente de la Cámara Alta, José Villavicencio (UN), permitió encontrar mecanismos de diálogo. Surgió el compromiso para que por un lado, los sectores cívicos movilizados depongan su actitud beligerante y devuelvan a los policías secuestrados; en tanto que Gobierno se comprometió a replegar a los policías y acuartelar a los militares para evitar nuevos frotes de violencia.
García Linera afirmó que tiene informes extraoficiales sobre la participación de ciudadanos brasileños en las protestas. Esos informes señalan que "algunas personas" cruzaron el puente que une Bolivia con Brasil con la intención de participar en las manifestaciones, dijo.
HERIDOS
La violencia arrojó también heridos, uno de ellos de gravedad, un policía, según reportaron en el Comando. A el se suman otros siete de sus camaradas que están con golpes en el cuerpo.
En el otro bando, según la doctora Norah Gutiérrez, directora del hospital general Roberto Galindo, hubo 13 heridos, todos universitarios que sufrieron policontusiones, aunque ninguno de gravedad lo que permitió su alta después de ser atendidos adecuadamente.
También circuló una versión en sentido que una niña habría fallecido por grave intoxicación producto de la aspiración de gases, aunque esa versión no fue confirmada hasta el cierre de la presente edición. Respecto a las operaciones aeroportuarias, en horas de la tarde, cuando hubo otra marcha, pero esta vez de la Universidad Amazónica, quedaron bloqueadas porque maquinaria del Servicio de Caminos de la Prefectura fue instalada en la franja de aterrizaje. Sin embargo, efectivos de la Fuerza Aerea obligaron a retirarlos pero los funcionarios de Aasana no quisieron operar los equipos.
ACUSACIONES
El Poder Ejecutivo y la oposición, a través de sus parlamentarios y líderes políticos, se acusaron mutuamente de ser los promotores de la violencia que se suscitó en la capital de Pando, Cobija. El prefecto de Santa Cruz, Ruben Costas, criticó la actitud del jefe de Estado de mostrarse públicamente sentado en un tanque y luego llamar al dialogo. "Una gota de sangre de un inocente no vale todas las pretensiones de concentrar el poder de un totalitarismo", señaló.
Álvaro García Linera, señaló que los promotores de los hechos violentos en Cobija son los opositores.
Se descartó dictar el Estado de Sitio.
CUÉLLAR VOLÓ A LA PAZ EN AVIÓN PRESIDENCIAL
El senador suplente de Unidad Nacional (UN), Abraham Cuellar Araujo, fue trasladado desde Cobija en el avión presidencial FAB-001 el domingo 25 para participar, el martes 27, de la sesión en la que el oficialismo sesionó sin la oposición y aprobó la Renta Dignidad y amplió las facultades a la directiva de la Asamblea Constituyente para cambiar la sede del cónclave.
En el programa "Sin letra chica" que se emite en Santa Cruz a través de PAT, su conductor Carlos Valverde dio a conocer un video en el que se puede observar el arribo de la aeronave presidencial a la pista del aeropuerto de Cobija.
Luego baja el piloto del avión, un capitán de la Fuerza Aérea de apellido Rivas, y casi en seguida varios oficiales suben cuatro maletines, tras lo cual arriba la esposa del senador Cuéllar en una motocicleta que es conducida por un militar.
Los oficiales ayudan a la señora de Cuéllar a abordar la nave y después se puede observar al senador disidente llegando en otra motocicleta conducida por un militar.
Según el conductor del programa en del avión se encontraba el ministro de Gobierno, Alfredo Rada. El Gobierno no respondió frente a esta versión.
Consultado sobre esta grabación, el senador que apoyó al MAS para aprobar en el Legislativo la Renta Dignidad afirmó que realizó dos viajes a Cobija. "El jueves me convocaron y llegué en un avión de Aerosur y sostuve reuniones con el senador Santos Ramírez (MAS). Luego, retorné a Cobija para realizar consultas con los sectores a los que represento en mi región", agregó y dijo que "desconozco si ese es el avión presidencial, yo realicé una solicitud para resguardar a mi familia y llegué junto a ella el domingo".
El miércoles 28, una turba incendió la casa de Cuéllar por su participación en la aprobación del recorte al IDH.
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