La corrupción, decía la candidata “es la lealtad de los cargos públicos que debemos evitar que la corrupción se asiente y mine la democracia”.
Avalos apuntaba que cuando los temas de corrupción entran en el juzgado es porque la política ha fallado, según sus palabras es “la derrota de la política”. La candidata de UP-IU explicaba como en estos años los distintos Ggbiernos se han demostrado incapaces de poner freno a la corrupción, haciendo referencia a casos como: Bárcenas, Operación Púnica, Gürtel o Tarjetas Black.
Pero es que además, matizaba, como la corrupción se ha asentado como habitual en muchos partidos políticos o incluso salpica a la propia casa real con casos como el de Urdangarín, recordaba.
Olga Ávalos calificaba “de cáncer contra la democracia” este mal que la formación está convencida que “tiene sus raíces en el capitalismo y en la falta de transparencia de la gestión”.
Anunciaba una "ley integral y severa" que recoge UP-IU para plantar cara a la corrupción. Para Avalos es fundamental que estos delitos no prescriban y matizaba además que es esencial una ley expropiatoria de los bienes que se han adquirido indebidamente por estas prácticas.
Una ley que incorpore el delito de enriquecimiento ilícito (patrimonio injustificado) o presunciones sobre la titularidad de bienes u obligaciones de declarar o medidas cautelares que impongan el cese de políticos imputados y el abandono del cargo.
Además, los corruptos tendrán que asumir los costes directos e indirectos que reportan de sus acciones delictivas: aquello evadido o dañado, perjuicios a terceros, costes de restitución del derecho lesionado y costes judiciales.
Apuestan también por la ampliación de los tipos penales y endurecimiento de las penas establecidas en el Código Penal para los corruptos y para los corruptores públicos y privados, especialmente para los delitos en materia urbanística y de ordenación del territorio, malversación o apropiación indebida de caudales públicos, prevaricación con fines de lucro, cohecho, soborno, tráfico de influencias, uso de información privilegiada, alteración de precios en concursos y subastas públicas, enriquecimiento injustificado con recursos públicos o privados, omisión del deber de perseguir delitos, blanqueo de capitales y cohecho impropio, es decir, aquel en el que no se pueda probar contraprestación a los obsequios recibidos por un cargo público.
En UP-IU abogan por la inhabilitación para los cargos públicos de todos los que están manchados con esta lacra es otro puntal básico, así como dotar de mayor protagonismo a la acusación popular y la ampliación hasta 30 años de la inhabilitación para ocupar cualquier cargo público electo, de libre designación o por concurso público para los condenados.
Pedirán también el establecimiento de procedimientos de urgencia en los expedientes judiciales en los que se encuentren imputados cargos públicos y que los delitos económicos relacionados con la corrupción no tengan fecha de prescripción
Olga Avalos estaba acompañada por Juan Ramón Crespo, abogado de IU en el caso de Seseña, quien además comentaba que IU ha pedido la personación en el 'caso Púnica' y en el de los llamados los 'papeles de Bárcenas'.
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