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La Junta prorroga los presupuestos de 2015 que, de momento, paralizan la oferta de empleo público
(Foto: Agencias)

La Junta prorroga los presupuestos de 2015 que, de momento, paralizan la oferta de empleo público

El Gobierno ha dado luz verde al anteproyecto de las nuevas cuentas, aún si fecha

miércoles 30 de diciembre de 2015, 10:55h
La Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas ha publicado este miércoles un decreto para que desde el 1 de enero de 2016, y hasta la aprobación y entrada en vigor de la Ley de Presupuestos Generales de la Junta de Castilla-La Mancha para 2016, queden prorrogados los Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades para el año 2015. Algo que se produce un día después de que el Consejo de Gobierno diese luz verde al anteproyecto de cuentas regionales para el próximo año, cuya aprobación deberá esperar ya a 2016.
La prórroga de los Presupuestos Generales no afectará a los créditos para gastos correspondientes a actuaciones que hayan finalizado en el ejercicio 2015 ni a los créditos para gastos que estén financiados con créditos u otros ingresos específicos o afectados y se adapten a la organización administrativa vigente a 1 de enero de 2016.
En todo caso, según recoge dicho decreto, la ejecución del presupuesto prorrogado será coherente con los objetivos de estabilidad presupuestaria y de sostenibilidad financiera fijados conforme a la normativa básica estatal para el ejercicio 2016.
OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO
En tanto no se aprueben los Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2016, no se procederá a la aprobación de la oferta de empleo público de dicho año.
No obstante, y con carácter excepcional, el Consejo de Gobierno podrá aprobar una oferta de empleo público, que se formará exclusivamente, y como máximo, con las vacantes dotadas presupuestariamente en el presupuesto prorrogado cuya provisión se considere inaplazable o prioritaria para el funcionamiento adecuado de los servicios públicos esenciales.

EL GOBIERNO ESPERA QUE LAS NUEVAS CUENTAS ENTREN EN VIGOR EN MARZO

El Gobierno de Castilla-La Mancha espera que en el mes de marzo del año próximo pueda estar en vigor el presupuesto de la Comunidad Autónoma para 2016, cuyo techo de gasto "crece un 0,7 por ciento" respecto al de 2015, hasta los 5.693,8 millones de euros.

Así lo ha adelantado en rueda de prensa el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, quien ha señalado que este mismo miércoles se enviará el texto articulado de la ley --sin estados de ingresos ni gastos-- al Consejo Consultivo después de que el Consejo de Gobierno haya aprobado esta semana el anteproyecto de ley.

Estos serán unos presupuestos "realistas" que incrementarán el gasto social en más de 315 millones de euros respecto a las cuentas actuales y que incluye el Plan de Emergencia Ciudadana, que contará con una dotación de 600 millones de euros, en dos anexos que dejarán "blindadas" las partidas que le afecten.

LA JUNTA PREVÉ AUMENTAR LOS INGRESOS PROPIOS

Además, el Gobierno de Castilla-La Mancha prevé que los ingresos propios crezcan un 0,3 por ciento durante el próximo año, con un impacto "de unos 40 millones de euros", gracias a la puesta en marcha de una "política tributaria claramente progresiva" que hará "que paguen más impuestos aquellos que tienen más capacidad económica".
El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha detallado que así figura en la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos, que ha tomado en consideración el Consejo de Gobierno en su sesión de esta semana, con el que el Ejecutivo pretende "hacer efectivo el principio de justicia tributaria".
NO SE CREARÁN NUEVAS FIGURAS TRIBUTARIAS
"No vamos a tocar el IRPF, ni el de patrimonio, ni crear nuevas figuras tributarias, ni freír a las clases medias, ni confiscar los bienes, ni hacer ninguna de las barrabasadas que había anunciado el Partido Popular", ha aclarado Ruiz Molina.
El texto modificará la Ley de Tasas con el objetivo de eliminar aquellas que han "considerado injustas" y otras "que son absurdas desde el punto de vista de la administración". De hecho, se suprimirán 30 tasas, incluidas todas aquellas que afectaban a la Consejería de Bienestar Social y a los "más vulnerables" que el titular de Hacienda ha denominado las "tasas de la vergüenza".
Por citar algunas, el consejero se ha referido a la tasa por solicitud de revisión del grado de discapacidad, y de revisión del de dependencia, a la de solicitud de la tarjeta de accesibilidad y duplicado de la misma, a la tasa que establecía la idoneidad como cuidador de personas con dependencia, a las de acreditación y registro como entidad de voluntariado o la de seguimiento de proceso de adopción internacional.
También habrá tasas eliminadas de carácter más administrativo que afectarán a otras consejerías, y el establecimiento de nuevas exenciones en el pago de algunas de ellas, como las dirigidas a desempleados, familias numerosas de carácter especial e incluso a la propia Administración regional, "que también estaba obligada a pagarse tasas a sí misma". Además, se modificarán otras diez tasas sobre compulsa de documentos, de tal forma que solo se aplicarán cuando se superen los 51 documentos, y aquellas tasas que no se supriman se congelarán durante el próximo ejercicio.
SUCESIONES Y DONACIONES
En cuanto al impuesto de sucesiones y donaciones, que ahora tiene una bonificación del 95% con independencia del importe de la cuota, la modificación que se va a introducir prevé incrementar la bonificación al cien por cien para las bases liquidables inferiores a 175.000 euros, lo que hará que estén "exentos de pagar el impuesto de sucesiones el 98 por ciento de la población castellano-manchega".
Sin embargo, para las bases superiores a los 175.000 euros habrá distintos tramos, para que, según vaya aumentando la base liquidable, esa reducción vaya disminuyendo. Esto propiciará, según Ruiz Molina, que "el 2 por ciento de la población que recibe herencias muy elevadas" sean "los que más paguen con el impuesto".
Por último, en cuanto al impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, se reducirá el tipo impositivo reducido, que pasará del 7 al 6 por ciento, mientras que el tipo general, que hasta ahora era "el más bajo" de las comunidades autónomas, se elevará del 8 al 9 por ciento.
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