El 3 de enero, los vecinos de Chamberí, apoyados por representantes de PSOE e IU, entregaron más de 4.000 firmas en contra de la construcción de un campo de golf en los terrenos del depósito del Canal de Isabel II. Cuatro meses después, las instalaciones deportivas ya eran una realidad.
El proyecto de la Comunidad modificaba los planes de la anterior Administración, presidida por el actual alcalde de la capital, Alberto Ruiz-Gallardón, que preveía construir en esos terrenos zonas verdes para uso y disfrute de los vecinos. El Gobierno de Aguirre lo modificó para incluir varias instalaciones deportivas, incluido un campo de golf de 4,5 hectáreas, vestuarios, tiendas y pistas de pádel. Con esto, según denunciaron los vecinos, las zonas verdes quedarían reducidas a una sola hectárea.
“Estoy de acuerdo en que no haya campo de golf, ni maldita falta que hace”, comentó extraoficialmente Pedro Calvo, concejal de seguridad del Ayuntamiento de Madrid. El Consistorio había ordenado la paralización de las obras, pero la Comunidad de Madrid las desbloqueó declarando el proyecto de interés general, en el Consejo de Gobierno celebrado el 18 de enero.
El Gobierno madrileño alegó, en defensa de las obras, a la sazón a punto de terminar, que la superficie del Parque Santander se doblaría, pasando de 26.000 metros cuadrados a cerca de 60.000. Dos grandes áreas de iniciación al golf, dos campos de fútbol 5 y 7, ocho canchas de pádel y una pista perimetral de footing completarían el complejo, según explicó en la rueda de prensa de ese mismo día el vicepresidente primero, Ignacio González. Además, insistió en que las instalaciones serían gratuitas y abiertas a todos los madrileños.
La concejala socialista Carmen Sánchez Carazo replicó que la construcción era “ilegal” y Concha Henche, desde IU, opinó que esa declaración de interés general vulneraba “la soberanía ciudadana”. La Asociación de Vecinos El Organillo de Chamberí amenazó con recurrir esa declaración por la vía judicial, mientras González, en la Asamblea, señalaba que si 4.000 vecinos habían firmado contra el proyecto, había 146.000 que no se oponían. La polémica llegó, incluso, al Colegio de Arquitectos de Madrid, que a través de un comunicado calificó de “inadmisible” la construcción del campo de golf.
El 18 de febrero, cerca de 300 vecinos de Chamberí se manifestaron, disfrazados y a ritmo de batucada, contra el proyecto, y denunciaron que la empresa adjudicataria, Soto Once, tenía “un par de denuncias por delito ecológico”. Las obras fueron llevadas por el PSOE a la Fiscalía de Medio Ambiente pero, pocos días después, el 28 de marzo, el proyecto fue inaugurado. Las instalaciones deportivas cuentan con unas tarifas similares a la establecida para otros equipamientos públicos de la Comunidad
La polémica, no obstante, continuó en la Asamblea, con la solicitud a finales de abril de una comparecencia del vicepresidente González para explicar “la adjudicación de la gestión y explotación del campo de golf a una empresa del socio empresarial de su hermano y su cuñado”.
El 14 de diciembre, cerca de medio centenar de vecinos de Chamberí ‘resucitaron’ la protesta con una manifestación, que se sumó a las cuatro anteriores y al aumento de las firmas recogidas, que en esa fecha ya sumaban 10.000.
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