Empresarios en el banquillo: el caso Urbanor

Este comentarista, tantas veces acusado de “defensor de causas pobres”, en el peor y más peyorativo sentido de la expresión, no puede evitar algún comentario ante la Sentencia emitida por el Tribunal Constitucional en el recurso de amparo de “los Albertos” contra la condena a prisión que derivó del enrevesado caso Urbanor, un asunto finalmente convertido en tema de estudio de esa difusa frontera que separa la información económica de la jurídica, cuando el conflicto es serio en términos de dinero y los protagonistas, en este caso, Alberto Alcocer y Alberto Cortina, tienen ese flanco débil que es la popularidad en una sociedad mediática. Décadas atrás, los financieros y grandes empresarios buscaban, ya que no el imposible anonimato, por lo menos, la discreción. Como en épocas recientes se ha visto, aquella actitud era un acierto, muy difícil de mantener en estos tiempos. Salvo para la política y el espectáculo, nunca es bueno estar bajo los focos.

Me satisface haber intentado defender por escrito, desde una perspectiva no jurídica, sino de opinión pública, hace más de tres años, el criterio que ahora se expresa desde la máxima auctoritas constitucional. Subrayo lo de “intentado”, porque el medio al que iba destinado el artículo consideró que sería impopular defender a unos ricos tan significados y resultó archivado en vertical en la papelera del director que no citaré.Después de tantos años dedicado a la información política y económica, y habiendo dirigido en la crucial década de los noventa un grupo de información económica que llegó a ser multimedia, debo confesar que nunca he conocido personalmente a “los Albertos”, y sólo me movía por tanto el interés profesional por el recorrido jurídico e informativo de un conflictotan notoriocomo el llamado caso Urbanor, inseparable de la personalidad de sus protagonistas, los conocidos Alcocer y Cortina, y los muy poco conocidos, hasta el caso, Pedro Sentieri, Julio San Martín y otros.

Alcocer y Cortina tuvieron gran notoriedad pública durante aquellos fascinantes años ochenta y noventa, en los que España cambió desde “enfermo crónico de Europa” a ponerse en línea de competencia entre las economías más avanzadas del mundo. Les perjudicó su sobresaltada vida familiar y sus frecuentes salidas en la prensa del corazón. Pero son sus hechos como empresarios y financieros, no las alegrías de sus vidas particulares, los que deben interesar. Y hasta donde he podido conocer, en más de tres décadas compitiendo en mercados difíciles, éste caso Urbanor fue su primer y único problema judicial. Crearon un grupo cuya valoración llegó en sus manos hasta casi 3.000 millones de euros. En el Banco Zaragozano enderezaron la situación hasta multiplicar varias veces el valor, y en el paso a Barclays vendieron el poder de control al mismo precio que la última acción.

Lo cierto es que, al valorar a los personajes del drama, el caso Urbanor no puede aislarse de la famosa operación Cartera Central, que es la que revaloriza los terrenos de las posteriores torres de KIO. De hecho, los accionistas minoritarios Pedro Sentieri y los hermanos San Martín multiplicaron por diez sus inversiones en nueve meses, y al recibir los casi 50 millones de euros de la responsabilidad civil llegaron a multiplicar por 27 aquellas inversiones iniciales. Resultó así que, al final del final, los minoritarios fueron los más beneficiados. Se me admitirá que es una estafa, al menos, un poco rara.

Lo que me parece importante subrayar es el valor necesario que debiera tener una trayectoria, a la hora de enjuiciar a empresarios relevantes. En estos últimos años se han aireado extrañezas y quejas por que Alcocer y Cortina siguieran en libertad, como si ello fuera extraordinario o una muestra de desigualdad ante la ley, cuando lo cierto es que seguían en libertad porque el Tribunal Constitucional había admitido su recurso de amparo, ahora resuelto. Esta no es una cuestión de ricos y pobres, sino de ciudadanos. ¿Habría sido más justo que hubieran esperado en prisión a que el Tribunal Constitucional decidiera, como lo ha hecho, que no deben ingresar en ella? Nuestra democracia ha demostrado que los ricos también van a la cárcel, como debe ser, pero cuando les corresponde por sus actos, no preventivamente por ser ricos.