El jefe de Licencias de Villaverde se desvincula del 'Guateque'

El jefe de Licencias de la Junta de Distrito de Villaverde, Eduardo Escribano Clemente,  compareció como imputado ante el magistrado por la comisión de presuntos delitos de cohecho, prevaricación y tráfico de influencias que le implican con la trama corrupta de funcionarios del Ayuntamiento de Madrid debido a las supuestas irregularidades detectadas en la tramitación del citado expediente.

Tras escuchar su testimonio, el instructor le dejó libre al no adoptar ninguna medida cautelar contra el empleado municipal, al no ser interesadas ni por el fiscal César Estirado ni por las acusaciones que representan al Ayuntamiento de Madrid y al PSOE, únicas acciones particulares que están personadas en el procedimiento.

Aunque la declaración se prolongó más de una hora, su contenido se centró exclusivamente en la gestión de Escribano en la tramitación del permiso de licencia del supermercado de la calle Lagunas de Neila. Al respecto, el imputado defendió que los trámites fueron "los normales", si bien recalcó que en la Concejalía de Medio Ambiente su gestión fue "mucho más rápida". Además, negó haber cobrado por ello.

No obstante, según las fuentes consultadas, el nombre de Escribano aparece en una de las agendas de los empresarios Eduardo Agustinos Carrasco y Julián Rubén López, propietarios Agustinos Proyectos e Instalaciones, en las que se detallan a la perfección los pagos realizados por empresarios a los funcionarios del Ayuntamiento por la gestión en la tramitación de sus licencias.

Además, las conversaciones interceptadas por la Guardia Civil a Victoriano Ceballos, presunto cabecilla de la trama corrupta que se encuentra en libertad bajo fianza de 60.000 euros, revelan que el ex jefe del departamento de Evaluación Ambiental llamó a Escribano en varias ocasiones.

En este punto, el funcionario aseguró al juez Torres que conocía a Ceballos por su relación laboral y admitió, como es evidente, que han mantenido en estos últimos años bastantes conversaciones telefónicas.

La declaración se produce después de que el magistrado ordenase el pasado martes el registro de la Junta Municipal de Villaverde para la obtención de nuevas pruebas en la investigación. El operativo comenzó en torno a las once de la mañana cuando media docena de guardias civiles inspeccionaron el despacho de Escribano e intervinieron varias agendas y discos duros de distintos ordenadores.

Aunque no fue detenido, el titular del Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid acordó ese mismo día citarle a declarar por su presunta vinculación a la red ilegal investigada desde marzo de 2007.