Polémica por el aeropuerto

Sólo cinco minutos alcanzó a estar en el aire la avioneta modelo Cessna Centurión 210 matrícula CC- KKU capitaneada por Luciano Castro Adasme, quien se precipitó a tierra con otros cinco ocupantes.

A las 9:45 de la mañana del miércoles, la avioneta partió desde el aeródromo de Tobalaba con el objetivo de realizar un vuelo de instrucción para cuatro alumnos en práctica de mecánica en aviación.

Por razones que aún se investigan, la nave comenzó a presentar algunos desperfectos, lo que provocó que el piloto se viera en la obligación de realizar una maniobra extraordinaria para evitar la caída de la aeronave en un sector residencial.

A las 9:50 la aeronave cayó de punta en una cancha municipal, en donde al menos se encontraban unas 30 personas realizando actividades deportivas.

La Presidenta Michelle Bachelet sostuvo que "para mi gobierno es fundamental la seguridad de las personas". Por ello, instruyó al intendente de la Región Metropolitana, Alvaro Erazo, para que se analice el riesgo del Aeródromo de Tobalaba en el sector residencial de la comuna de Peñalolén.

La jefa de Estado dijo que "no quiero adelantar, pero quiero establecer una mesa de trabajo que analice, porque evidentemente que el Aeródromo de Tobalaba fue construido ahí cuando Santiago tenía otra distribución, había zonas bastante desiertas, poca densidad poblacional (por eso) es necesario sentarse a pensar seriamente en el tema, de mirar cómo, el objetivo de la solución que se encuentre, sea garantizar la seguridad de los chilenos".

En otro orden de noticias, El Mercurio destaca que el ministro del Interior, Edmundo Pérez Yoma, se mostró partidario de que sea el Estado quien financie a los partidos políticos. El objetivo es que tales agrupaciones funcionen de menara más transparente.

Por su parte, La Tercera releva que la ministra de Educación, Yasna Provoste, desoye a la Contraloría y mantiene temporalmente en su cargo al Seremi Metropolitano de Educación, Alejandro Traverso. Su razón es que el desorden administrativo descubierto no es suficiente para dejar afuera al funcionario por los próximos cinco años.