Sindicatos y oposición piden al CES retirar un documento sobre las mujeres maltratadas

La portavoz de IU en la Asamblea, Inés Sabanés, pidió este viernes el cese "fulminante" del presidente del Consejo Económico y Social (CES), Francisco Cabrillo, y la retirada del informe que se pregunta si las ayudas públicas están provocando que las mujeres prefieran ser víctimas de la violencia machista a encontrar un mejor empleo.

La diputada calificó de "hecho gravísimo" que con dinero público se haya autorizado la publicación de este informe. "Su contenido", dijo, "afecta gravemente a la dignidad de las mujeres y, fundamentalmente, a la principal lacra que hoy tenemos: la violencia de género".

Sabanés criticó que desde el PP se haya hecho del CES una "correa de transmisión de las políticas más duras de la derecha" en vez de un lugar de búsqueda de consensos.

Por su parte, la secretaria de Política de Igualdad del PSM-PSOE, Ángeles Álvarez, ha anunciado que su partido va a pedir la retirada "inmediata" del documento, que califica de "muy preocupante", "irresponsable" y de "auténtico argumentario para maltratadores".

A su juicio, el informe emite "opinión ideológica", "no da información contrastada " y su autora refleja en él que "desconoce casi todo" de la "mecánica" de la violencia hacia las mujeres.

Tras subrayar que el documento ha sido rechazado por los representantes sindicales en el CES, lamentó que los representantes de la patronal y de los expertos nombrados por el Gobierno de la Comunidad en este órgano consultivo le hayan dado su visto bueno.

Rechazo sindical
UGT y CCOO han solicitado una explicación pública a Cabrillo acerca de los motivos de la edición del documento de trabajo número 7 del CES, titulado "Tratamiento de la violencia de género en España y en la Comunidad de Madrid", de Tatiana Torrejón Cuéllar, de unas cincuenta páginas.

Así lo han explicado las consejeras del CES, Elvira Sánchez, de CCOO, y Carmen López, de UGT, quienes han expresado su perplejidad por esta publicación, que parte del "error de base" de comparar las estadísticas de violencia de género con los accidentes de tráfico y que aborda la violencia machista de manera "sesgada".

Los sindicatos han criticado la falta de calidad técnica del estudio, "en el que lo más grave son las inferencias que a partir de los datos analizados, realiza la autora con respecto a la honorabilidad de las víctimas, relativizando la importancia real de este tipo de actividad delictiva, criminalizando a las víctimas y banalizando la violencia de género".

"Privilegios"
El texto en cuestión es un documento de trabajo del Consejo Económico y Social, cuya autora es Tatiana Torrejón. En él se exponen los datos disponibles sobre violencia de género en la región, que muestran que la mayoría de los juicios por este motivo se producen por faltas y no por delitos, y que en la mayor parte de los juicios de instrucción —no así en los procesos penales— la víctima sale absuelta. Ello lleva a la autora a concluir que "se están produciendo más denuncias de las deseables".

En la introducción del documento, se señala que "sin perjuicio de la percepción de la opinión pública al respecto, los indicadores de este tipo de violencia nos dicen que las cifras no son tan alarmantes como se pensaba inicialmente", para señalar más adelante que las políticas públicas no responden a un incremento significativo de los asesinatos por esta causa respecto al total de muertes violentas que se producen en nuestro país, sino "más bien a la alarma social".

Una de las conclusiones del estudio es que "como no todas las víctimas denuncian, no parece acertado que la Ley Orgánica de protección Integral del año 2004 no contemple la denuncia como título habilitante para acceder a los privilegios de víctima de violencia doméstica".

La autora también se pregunta "si con las ayudas públicas se está motivando a que las mujeres, en vez de esforzarse por conseguir un mejor empleo, una mejor remuneración o mejores condiciones laborales, prefieran ser víctimas de violencia de género para así obtener los mencionados beneficios con menor esfuerzo".

También dice que, "tanto para las políticas dinerarias como para las cuotas especiales de vivienda protegida, reconocimiento de derechos laborales y prestaciones de la Seguridad Social [...] debería requerirse que las vías de acreditación de las situaciones de violencia [...] sean concordantes y ratificadas por una sentencia. De lo contrario, se estarían dando incentivos para que las mujeres [...] presenten denuncias con el fin de obtener alguno de los beneficios ya mencionados".

El informe recoge además que "parece mejor incentivar al empleador a que contrate mujeres víctimas de violencia doméstica, pues el empleador tendrá incentivos para controlar al trabajador para que haga bien su trabajo y así la relación laboral sea beneficiosa para ambas partes, mientras dure".