Elecciones Generales 2008 - Exigencias de la sociedad civil (Parte 2)

Sacar la religión de las aulas
Juanjo López - Sindicato de Estudiantes
Queremos una educación pública, de calidad y laica: para ello es necesario invertir el 7% del PIB en la educación pública, que se aumenten las becas de forma drástica. Ningún privilegio a la jerarquía eclesiástica: fuera la religión de las aulas, para tener una educación científica y laica y que no se desvíe ni un céntimo más de dinero público a las arcas de los obispos. Unas condiciones de vida dignas para la juventud española: viviendas públicas de alquiler al alcance de los jóvenes, prohibición de las ETTs y los contratos basura, salario mínimo de 1.000 euros y reducción de la jornada laboral a 35 horas por ley sin reducción salarial.

Pacto político por la Educación
Manuel de Castro - FERE-CECA y EyG
Mejora de la calidad de nuestro sistema educativo, de tal manera que logremos estar entre los países más avanzados de Europa. Que se alcance el Pacto político por la educación y acabe con la actual dinámica de cambios legislativos. Garantizar la financiación del sistema educativo en niveles equiparables con los países más avanzados de Europa. Que se contemple la educación como un derecho fundamental, así como la potenciación de la  escolarización y la libertad de elección de centro por parte de las familias. Autonomía organizativa, pedagógica y de gestión de todos los centros, para mejorar la oferta que, con carácter de mínima, establece la Administración y poder determinar su especialización curricular. integración de alumnos con necesidades educativas específicas.

 Reducir los alumnos por aula
Augusto Serrano - Sindicato de Trabajadores de Enseñanza
Que la Educación pública sea su principal prioridad. Que aumenten la financiación hasta un 7% del PIB. Que denuncien los acuerdos con el Vaticano, saquen la religión de la enseñanza y la escuela sea lugar de educación, enseñanza y aprendizaje y no de adoctrinamiento.   Que reduzcan el número de alumnos por aula en todas las etapas educativas. Que doten de personal docente, no docente y personal de administración y servicios a los centros para adecuar sus plantillas a las necesidades educativas actuales, prevenir y atajar problemas de convivencia y mejorar la calidad de la enseñanza.   Que den prioridad de la planificación educativa sobre el pretendido "derecho de elección de centro". Que existan Comisiones de Escolarización en todos los municipios y barrios, y que se eliminen las prácticas selectivas de los centros privados.

Promover la autonomía personal
Pedro Otón - Sindrome de Down
Queremos que el nuevo gobierno impulse decididamente la promoción de la autonomía personal de las personas con discapacidad (uno de los aspectos fundamentales de la vigente Ley sobre la Dependencia), regulando y fomentando la existencia de los Servicios de promoción de la autonomía personal (SEPAP) ya que entendemos que pueden constituir un instrumento fundamental y decisivo para mejorar la vida autónoma de las personas con síndrome de Down. Que se mejore y facilite la regulación, extensión y el funcionamiento de la legislación sobre Empleo con apoyo (inserción laboral de personas con discapacidad en entorno ordinario), y sobre la figura de los patrimonios protegidos (que necesita un marco fiscal más seguro y fiable al que existe en la actualidad). Nos gustaría que las políticas se orienten claramente a la mejora de las oportunidades e inclusión social de las personas con síndrome de Down en España.  

Acabar con la publicidad engañosa Ileana Izverniceanu - Unión de Consumidores de España Liberalización de la energía. Revisión íntegra de los mecanismos de fijación de tarifas, para que el consumidor pague por el precio real de la energía. Potenciar el alquiler de viviendas y devolverle su prestigio, que se integre en un plan global que acabe con la especulación y ataque el injustificado incremento del precio de la vivienda. Sobreendeudamiento.   Es imprescindible adoptar una legislación que proteja al consumidor en esta situación. Procedimientos concursales. Que los consumidores sean considerados acreedores preferentes, para garantizar al máximo sus derechos económicos. Creación de una Secretaría de Consumo dentro del Ministerio de Economía, y, mientras, dar al Instituto Nacional de Consumo un estatuto de Agencia Española del Consumo, con rango de Secretaría de Estado. Que, para las reclamaciones de pequeña cuantía, se establezca un procedimiento que finalice en un requerimiento al sujeto infractor para que satisfaga la reclamación. Revisión del control de la publicidad y que las administraciones obliguen a cesar la emisión de campañas de publicidad engañosa. Creación de una Agencia de Seguridad de los Productos que coordine de las actuaciones de la información sobre riesgos y productos defectuosos. 

Un Sistema Arbitral de Consumo
Antonio López - Conf. Consumidores y Usuarios
Una norma /ley que obligue a las empresas a dilucidar sus conflictos con el consumidor a través del Sistema Arbitral de Consumo siempre y cuando esos conflictos no superen los 500 euros.   Entendemos que el Consejo de Consumidores y Usuarios no es conocido por la mayoría de los consumidores, a pesar de que es la más alta representación de los consumidores tanto a nivel nacional como autonómico. Por ello planteamos: Convertir al CCU en un organismo con mayor independencia de los poderes públicos y con financiación y medios para tener actividad propia y que tenga presencia y voz para defender a los consumidores de forma real de manera que la sociedad lo visualice como un instrumento útil.   Que se enfrente de verdad al cambio climático y la reducción drástica de las reducciones de emisiones. Para ello es fundamental una política que de verdad castigue el derroche y los comportamientos abusivos en materia de consumo. Por ello entendemos que: Debe poner en práctica fórmulas para favorecer fiscalmente a los que podríamos llamar "hogares eficientes", es decir hogares que utilicen energías limpias, no derrochen agua, energia etc. Esta política debe estar basada en criterios progresivos.  

Una Cartilla de la seguridad vial
Mario Arnaldo - Automovilistas Europeos (AEA)
En primer l u g a r , pediríamos a l n u e v o Gobierno la elaboración de un “plan estratégico de seguridad vial” perfectamente estructurado, muy bien definido en cuanto a sus objetivos y correctamente presupuestado. Hay que modificar las actuales políticas de seguridad vial basadas en el miedo a la sanción, por otras más positivas en la que se persiga la mentalización y la educación de todos los usuarios de las vías. Para ello proponemos la creación de una “cartilla de la seguridad vial”, que debe exigirse a todos los ciudadanos desde el parvulario, así como la introducción del sistema de “conducción acompañada” desde los 16 años, para acceder al permiso de conducción. En materia de infraestructuras consideramos necesario “duplicar las actuales inversiones”; también se debe “modernizar el parque automovilístico” aplicando medidas fiscales positivas. El nuevo Gobierno debe “actualizar el baremo de indemnizaciones para lasvíctimas por accidentes de tráfico”, así como regular aspectos que afectan a los automovilistas como consumidores y que hoy son objeto de abuso y controversia, como por ejemplo el levantamiento de barreras de las autopistas cuando se produzcan atascos.  

Fomentar la creación de empresas
Patricio Rodríguez-Carmona - Confederación de Asociaciones de Jóvenes Empresarios
Acometer una serie de reformas y establecer medidas incentivadotas para la creación de empresas entre los jóvenes. - Educar sobre las competencias empresariales. - Hacer atractiva la elección empresarial, incentivándola. - Apoyar la actividad empresarial. Además proponemos: la eliminación de la cotización a la Seguridad Social para los primeros empleos que cree una pyme o un autónomo. La deducción en el Impuesto sobre la Renta para las Personas Físicas (IRPF) para los emprendedores que inviertan en empresas de nueva creación.   Promover la cultura emprendedora en el sistema educativo con asignaturas de creación de empresas desde la Educación Primaria hasta el Bachillerato o la Formación Profesional. Y la reducción de los trámites para la creación de empresas. En cuanto a medidas financieras, abogamos por el fomento de las sociedades de garantía recíproca. La readaptación de las empresas públicas de capital riesgo dirigidas a participar del capital social de microempresas y pymes. La creación de un mercado de valores para pymes. Y la capitalización del desempleo, no sólo para la constitución de empresas de economía social.  

Precios justos en mercados estables
Miguel López - Confederación de Organizaciones Agrarias
A nivel europeo, es necesaria una reforma de la Política Agraria Común, PAC, con una nueva orientación de las políticas comunitarias. Europa debe renovar su apuesta estratégica por la agricultura, garantizando la preservación del medio rural. Los agricultores tienen que ver valorada su labor, a través de unos precios justos, lo que hace imprescindible desarrollar políticas de estabilización de los mercados. A nivel estatal, reclamamos un nuevo marco de comercialización agroalimentaria, justo y transparente, que contribuya a una mayor participación de los productores en la cadena agroalimentaria y en el valor de los productos, el rechazo a los transgénicos, incorporación de jóvenes y mujeres al campo, el seguro de explotación, una fiscalidad adecuadaa los niveles de renta del sector, el desarrollo del contrato territorial de explotación y la puesta en marcha del gasóleo profesional agrícola.   La integración de los nuevos desafíos del siglo XXI: cambio climático, agroenergías, gestión del agua y biodiversidad. Todo ello desde la base del modelo de agricultura social, profesional, sostenible y multifuncional. No todos los modelos son válidos de la misma forma para hacer frente a los nuevos desafíos sociales, ambientales y económicos que se presentan a la sociedad moderna.”  

Cambiar ladrillos por tecnología
Jesús Banegas - Asociación de Empresas de Electrónica y Telecomunicaciones
Si ya en las últimas legislaturas era muy necesario plantearse la metamorfosis del modelo de crecimiento –es decir, plantearse políticas encaminadas a promover un cambio del “ladrillo” a la tecnología-, en la que comienza resulta absolutamente urgente afrontarla cuanto antes. Si España quiere seguir creciendo, no sólo en índices macroeconómicos como el Producto Interior Bruto (PIB), sino también, y sobre todo, en la renta 'per cápita' de los españoles, es perentorio que la nueva economía basada extensa e intensamente en las tecnologías de la información y la comunicación (las denominadas 'TIC') crezca todo lo posible y, con ella, lógicamente, la inversión tecnológica, la innovación y el empleo de alta cualificación. Nuestro país se encuentra potencialmente preparado para afrontar con éxito el futuro. Perro para ello es necesario que el nuevo Gobierno resultante de las elecciones generales del 9 de marzo incentiva la inversión en TIC, favorece –sobre todo, desde el punto de vista fiscal– la innovación y mejora considerablemente la formación en todos los niveles.  

Promover la autonomía personal
Pedro Otón - Sindrome de Down
Queremos que el nuevo gobierno impulse decididamente la promoción de la autonomía personal de las personas con discapacidad (uno de los aspectos fundamentales de la vigente Ley sobre la Dependencia), regulando y fomentando la existencia de los Servicios de promoción de la autonomía personal (SEPAP) ya que entendemos que pueden constituir un instrumento fundamental y decisivo para mejorar la vida autónoma de las personas con síndrome de Down. Que se mejore y facilite la regulación, extensión y el funcionamiento de la legislación sobre Empleo con apoyo (inserción laboral de personas con discapacidad en entorno ordinario), y sobre la figura de los patrimonios protegidos (que necesita un marco fiscal más seguro y fiable al que existe en la actualidad). Nos gustaría que las políticas se orienten claramente a la mejora de las oportunidades e inclusión social de las personas con síndrome de Down en España.    

 Planificación racional de la Sanidad
Florencio Valladares - Confederación Estatal de Sindicatos de Médicos
Reclaman “mayor coordinación de toda la sanidad española, ya que las diferencias entre cada autonomía tiene gran discrecionalidad” y esto se “refleja en la desigualdad entre los médicos y los ciudadanos”. Denuncian que los salarios y las condiciones laborales, al estar las competencias transferidas difieren mucho de unas autonomías a otras. Además “hay médicos que no pueden trasladarse por problemas con el idioma” en casos como el de Cataluña y el País Vasco, pero esto dicen, es sólo un ejemplo de las muchas trabas que existen. En segundo lugar, reclaman una “planificación más racional” porque hay un gran déficit de profesionales. Aseguran que en un plazo de diez o doce años se jubilará tal número de médicos que dejará la Sanidad quedará muy necesitada.  

Crear urgencias ambulatorias
Carmen Flores- Asociación El Defensor del Paciente
La presidenta de la asociación El Defensor del Paciente reclama un aumento de la inversión en Sanidad para paliar el estado de las “urgencias hospitalarias y de ambulancias”. Denuncian que “está muriendo gente que está en lista de espera porque se está agravando su situación” y por tanto hay que invertir para reducir los tiempos “no sólo en casos de intervención si no en especialidad y en pruebas diagnósticas”. En este sentido proponen también que se creen unas urgencias de 24h no hospitalarias para enfermedades que pueden resolverse en el mismo ambulatorio y no hace falta que se sobre exploten las ya saturadas urgencias hospitalarias.    

 Modificación de la ley del aborto
Ana Míguez – Presidenta de la Asociación Alecrín
Ana Míguez, presidenta de la asociación Alecrín, primera en España en la que algunas de sus miembros se autoinculparon de haber abortado, pide al futuro Gobierno “una Ley de plazos que suponga que ninguna mujer tenga que dar justificaciones”, además reclama que los abortos “salgan de las clínicas privadas y se realicen a cargo de la Seguridad Social”. También ha puntualizado la necesidad de que “las menores de edad que se quedan embarazadas puedan decidir en cuestiones de aborto ya que si son ellas las que se quedan embarazadas nadie tiene que decidir por ellas”.   Esta asociación feminista, además del tema del aborto también trata otros temas como la violencia machista para lo que también pide soluciones al Gobierno. Ana Míguez reclama que “la prostitución se considere una forma más de violencia de género” y que la ley integral, aunque ya lo considera, trate en la práctica a las víctimas de la violencia machista con la protección suficiente, “como si [el Estado] tuviera que formar a un ejército para protegerlas si fuera necesario” porque como recuerda la presidenta de la asociación “hay más muertes por violencia machista que por terrorismo”.  

 Aumentar la financiación de la educación pública
Augusto Serrano - Sindicato de Trabajadores de Enseñanza
Que la Educación pública sea su principal prioridad. Que aumenten la financiación hasta un 7% del PIB. Que denuncien los acuerdos con el Vaticano, saquen la religión de la enseñanza y la escuela sea lugar de educación, enseñanza y aprendizaje y no de adoctrinamiento. Que reduzcan el número de alumnos por aula en todas las etapas educativas. Que doten de personal docente, no docente y personal de administración y servicios a los centros para adecuar sus plantillas a las necesidades educativas actuales, prevenir y atajar problemas de convivencia y mejorar la calidad de la enseñanza.Que den prioridad de la planificación educativa sobre el pretendido "derecho de elección de centro". Que existan Comisiones de Escolarización en todos los municipios y barrios, y que se eliminen las prácticas selectivas de los centros privados.