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El Tribunal de Cuentas busca irregularidades en el contrato de los chirimbolos

miércoles 26 de marzo de 2008, 10:49h
Según publica el diario El País este miércoles, el Tribunal de Cuentas del Estado investigará posibles irregularidades en la concesión del contrato de explotación de la publicidad exterior a la unión de empresas temporales Clear Channel-Cemusa, responsable de los 890 chirimbolos que se han instalado en la capital.
Al parecer, esta firma ganó el concurso público ofreciendo 160 millones de euros, 73 millones menos que su principal competidora, la empresa Viacom. Esto supuso para el Ayuntamiento reducir sus beneficios un 30 por ciento, a pesar de que señalaba en la resolución del concurso que ambas propuestas eran "coherentes". Pero además, el pliego de condiciones, diseñado especialmente para la ocasión y mal estructurado, según los expertos consultados por este diario, no permitió que se evaluara el impacto medioambiental de las propuestas.

Al parecer, en el concurso, en el que participaron cinco candidatos, se juzgaban tres aspectos: la oferta económica, la comercial y el impacto medioambiental. Según el criterio de puntuación se otorgó en cada fase la máxima puntuación a la mejor valorada y cero puntos a la peor. Para superar cada evaluación se requería una puntuación mínima en cada fase. En la primera, tres candidatos quedaron descartados, la segunda fue cosa de dos y a la tercera ya sólo llegó la ganadora, por lo que no tuvo que someterse al examen ambiental.

Por ello, el grupo municipal socialista pidió al Tribunal de Cuentas en febrero que investigara la concesión. Ahora el órgano ha abierto diligencias preliminares. "El contrato está lleno de irregularidades y se ha podido favorecer a una empresa por encima de otras. Además, se han perdido 73 millones de euros", denunció el portavoz del PSOE, David Lucas. "Los indicios de trato de favor son tan graves que podemos estar ante una situación de nulidad del contrato. Con este procedimiento se ha roto el principio de transparencia e igualdad entre los licitadores y se vulnera la ley de contratos de la Administración pública", añadió.

Además, según El País, el hijo del jefe de Mobiliario Urbano, que participó en la mesa de adjudicación del contrato, trabajó durante cuatro años en Clear Channel, la empresa ganadora. En el momento de la adjudicación, el hijo de este funcionario ya había abandonado la firma por lo que no se habría infringido la ley de incompatibilidades. Pero el diario alega que las decisiones municipales para iniciar estos expedientes comienzan meses antes de publicarse los pliegos, y que en este periodo sí habrían estado ambos familiares a un lado y otro de la mesa.  El Tribunal de Cuentas puede condenar o absolver al Ayuntamiento y declarar nulo el contrato de los chirimbolos si considera que se ha vulnerado la ley.
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