El caso de la niña de Huelva
Mari Luz Cortés, además de lo trágico del mismo, ha destapado la caja de los truenos en cuanto a la situación de la justicia en España. Según los datos a los que ha tenido acceso Diariocrítico, a fecha 31 de diciembre de 2007 los juzgados penales de ejecutorias de Baleares, Madrid, Barcelona y Sevilla tenían por ejecutar un total de 58.807 sentencias penales, de las cuales 7.672 eran con orden ingreso en prisión y 51.135 eran sin presos.
El atasco en las ejecutorias es tan monumental, que magistrados con los que Diariocrítico ha podido contrastar la información aseguran que, dependiendo del grado del delito cometido, al menos unas 10.000 sentencias podrían haber prescrito, dado el tiempo que se ha tardado en su ejecutoria.
En definitiva, que el caso del pederasta
Santiago del Valle, condenado en firme por abusos a su hija y detenido ahora como supuesto asesino de la niña onubense Mari Luz Cortés, podría no haber sido único. Según parece, salvo los condenados por delitos violentos que fueron sentenciados mientras estaban en prisión preventiva, parece que puede haber muchísimos casos de delincuentes condenados en firme y que aún no se ha ejecutado su sentencia. Es decir, que a fecha de hoy siguen en libertad.
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con preso
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sin preso
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total |
Baleares |
482 |
7.559 |
8.041 |
Madrid |
5.049 |
21.732 |
26.781 |
Barcelona |
1.292 |
15.747 |
17.039 |
Sevilla |
849 |
6.097 |
6.946 |
Las ciudades con mayor atasco son Madrid y Barcelona, pero Baleares y Sevilla les van a la zaga. Según se puede ver en el cuadro anterior, en diciembre de 2007 había en Madrid nada menos que 26.781 ejecutorias penales en trámite, de las que 5.049 llevaban aparejada pena de prisión. En Barcelona había un total de 17.039 ejecutorias pendientes, de las que 1.292 eran con pena de prisión. En Baleares había pendientes 8.041 ejecutorias, de las que 482 tenían orden de ingreso en prisión; y en Sevilla había 6.946, de las que 849 tenían cárcel.
Son datos silenciados por el Gobierno, porque, según los magistrados con los que hemos podido contrastar información, el Ejecutivo de
José Luis Rodríguez Zapatero no ha abordado la reforma de la Justicia en toda la legislatura anterior.
¿Cuál es el problema en realidad? Según nuestras fuentes, el Gobierno socialista no ha llevado a cabo las reformas necesarias para desarrollar la ley 19/2003, de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) en lo relativo a la Oficina Judicial, libros quinto y sexto. Así que no se ha procedido a reformar las leyes procesales ni se han hecho otro tipo de reformas necesarias para que no ocurra lo que está ocurriendo en los juzgados de ejecutorias.
Según estas fuentes, la ley de juicios rápidos alivió un poco los juzgados, pero, claro, colapsó las ejecuciones de sentencia. Desde 2004 está pendiente la reforma de la Oficina Judicial, pese a que el entonces ministro de Justicia,
Juan Fernando López Aguilar, presentó un proyecto. Las propuestas llegaron al Congreso de los Diputados, pero decayeron porque el Gobierno Zapatero no encontró receptividad en sus ‘socios’ nacionalistas, ya que para apoyar esas reformas pretendían que los cuerpos funcionariales se trasfirieran a las autonomías.
El Partido Socialista optó entonces por volverse al Partido Popular, pero en nombre de los populares Ignacio Astarloa les dijo que sólo lo apoyarían siempre y cuando el Gobierno procediera a una reforma global de la Justicia, a lo que los socialista son accedieron.
Así, después de cuatro años, unos por otros la casa sin barrer.