El suceso de Ascó, como el de Vandellós

Lo que ha sucedido en la central nuclear de Ascó, situada en el pueblecito del mismo nombre próximo a Tarragona, es de una gravedad importante. Lo llamativo en sí no es que se haya producido un fallo de seguridad, sino que se ha ocultado la información al organismo regulador (Consejo de Seguridad Nuclear); se ha intentando engañar a la opinión pública y, en definitiva, se ha cuestionado gratuitamente una vez más la credibilidad de esta fuente de energía.

Pero no es la primera vez que sucede algo así. En 1989 ocurrió algo similar, pero de mayor gravedad. Diecisiete años después de que entrará en funcionamiento, los dirigentes de la central nuclear de Vandellós, también en Tarragona, ocultaron un tiempo el incendio que se declaró en la sala de turbinas de uno de los dos reactores. Al igual que ahora en Ascó no hubo emisión radiactiva al exterior de la central, pero se intento ningunear a las autoridades competentes en la materia, esto es, al Consejo de Seguridad Nuclear. El resultado es conocido: la central está cerrada y en proceso de desmantelamiento, ya que las medidas que se exigieron entonces para que volviera a conectarse a la red eran tan elevadas, desde un punto de vista económico, que los propietarios no consideraron viable su explotación.

El suceso de Ascó ha sido clasificado con el nivel 2 en la escala internacional de sucesos nucleares (una herramienta que permite catalogar los incidentes y accidentes que ocurren en las instalaciones nucleares de una forma homogénea), por inadecuado control del material radiactivo y por proporcionar –como ha explicado oficialmente el Consejo de Seguridad Nuclear que preside Carmen Martínez Ten- “información incompleta y deficiente al organismo regulador”. Al margen de los despidos del director de la central Rafael Gasca y del jefe de seguridad de la planta, Francisco González, por parte de los propietarios, el CSN podría abrir un expediente sancionador a la empresa y exigir que se depuren responsabilidades.

Cerca de un millar de personas son objeto actualmente de seguimiento médico para determinar el impacto radiológico en sus organismos, aunque hasta la fecha no se han encontrado trazas de radiactividad. Esta medida es, cuando menos, alarmista ya que no se ha registrado un escape radiactivo y la decisión de Carmen Martínez Ten de comparecer ante la Comisión de Industria del Congreso de los Diputados para explicar todos los pormenores, en sede parlamentaria, de este suceso es una huída hacia delante. El pleno del Consejo de Seguridad Nuclear adoptó también tarde y mal las medidas que están en vigor. Los consejeros Julio Barceló (Convergencia i Unió), Francisco Fernández Moreno (Partido Socialista Catalán) y Luis Gámir y Antonio Colino (ambos propuestos por el Partido Popular) siguen a la greña como en los mejores tiempos de este organismo regulador.