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El Senador Felix Rojas anuncia

El MAS optará por Referéndum para aprobar su Constitución

El MAS optará por Referéndum para aprobar su Constitución

miércoles 07 de mayo de 2008, 16:42h

El MAS no esperará diálogo para impulsar referendos constitucionales. 
El jefe de bancada parlamentaria del Movimiento Al Socialismo, senador Félix Rojas, asegura que su partido decidió de manera orgánica no esperar el diálogo con opositores para promover los referendos pendientes 
La Paz, (Erbol).-

El Movimiento Al Socialismo (MAS) desahució la mañana de este martes el diálogo con los prefectos opositores de la denominada "media luna", porque ahora impulsarán la realización de los referendos dirimidor sobre el latifundio y ratificatorio del total de la propuesta de la nueva Constitución Política del Estado (CPE), aprobada en Oruro por la mayoría oficialista de constituyentes.

El senador del MAS, Félix Rojas, dijo que el partido gobernante decidió de manera orgánica impulsar los proyectos de ley de convocatoria para los referendos sobre la nueva Constitución y que ya no hay necesidad de seguir esperando el diálogo.

"A la necesidad de que no sigamos el juego de esas logias de Santa Cruz, que ya manifestaron su reticencia al diálogo hasta el 23 de junio, (ya) no hay necesidad de seguir esperando, sino quieren diálogo, bueno, (entonces) no hay diálogo", manifestó Rojas.

El parlamentario indicó que ahora hay que ir cumpliendo el mandato de la Ley Especial de Convocatoria al Referéndum del 5 de marzo de 2006, que establece la convocatoria a un referéndum redimidor y a otro aprobatorio de la nueva CPE en los plazos determinados.

Voluntad

El senador del MAS, Ricardo Díaz, también indicó que no habrá diálogo porque no hay voluntad de los prefectos de la oposición y que por ello el Poder Ejecutivo no debe insistir más en este proceso del encuentro, que se busca establecer para superar la crisis política del país.

"Aquí no entremos en la discusión de compatibilizar (la CPE y los estatutos), sino veamos si la gente está de acuerdo o no con la propuesta de Constitución, porque sino está de acuerdo, ahí los estatutos ya no tendrían ninguna cabida; por eso me pregunto: ¿Para qué queremos diálogo a estas alturas?" dijo Díaz.

El opositor Poder Democrático y Social (Podemos) rechazó estas afirmaciones, a través del diputado, Fernando Messmer, quien manifestó que no puede haber referéndum constitucional sobre una propuesta masista, que no representa a todos los bolivianos.

"No hay ninguna nueva Constitución, no se de qué está hablando este Gobierno que no quiere reconocer que se trata simplemente un proyecto masista plagado de irregularidades e ilegalidades, por lo que no podemos someter ningún proyecto de esa naturaleza a un referéndum", aseveró Messmer.

El 24 de noviembre de 2007, el texto constitucional fue aprobado en grande en la Asamblea Constituyente en cuestión de horas, luego de modificarse el reglamento de debates en medio de conflictos y atropellando las propias normas internas.

El 9 de diciembre, con el respaldo de más de dos tercios de constituyentes de 10 frentes políticos, pero la mayoría del oficialismo, los asambleístas aprobaron por dos tercios la propuesta de la nueva Carta Magna que instituye un Estado plurinacional. El mismo día se decidió someter a consulta popular el Artículo 398 sobre el tema del latifundio por no lograr la cantidad de votos requeridos para su aprobación.

El 28 de febrero de este año, el MAS, aprovechando el cerco de las organizaciones sociales al Congreso, aprobó en grande y en detalle, la convocatoria a los referendos dirimidor del Artículo 398 y ratificatorio de la nueva Constitución Política del Estado (CPE), que estaban previstos para el 4 de mayo.

Pero, e 7 de marzo la Corte Nacional Electoral (CNE) se declaró sin capacidad técnica, logística y política para administrar los referéndumes dirimible y constitucional.

La CNE emitió una resolución en la que decidió suspender toda medida de organización y ejecución del referéndum nacional dirimible sobre latifundio y aprobatorio de la nueva Constitución hasta el día en que entre en vigencia una ley de convocatoria apegada a la Constitución y las leyes. Esto implica una exigencia al Congreso no menor a 90 días para su realización.
 

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