Detenidos 31 agentes de la Policía Local de Coslada por extorsión

A los detenidos se les imputa por el momento un delito de extorsión, ya que los agentes exigían, presuntamente, cantidades económicas a comerciantes, propietarios de bares de copas y prostitutas a cambio de protección o de no tomar represalias. Fuentes del Consistorio apuntaron incluso a la posible existencia de una red de tráfico ilegal de vehículos.

A pesar de que el alcalde, el socialista Ángel Viveros, ha negado cualquier implicación o responsabilidad política en los hechos, fuentes de la investigación confirmaron que también hay personal del Ayuntamiento bajo investigación, por lo que en las próximas horas podría darse la imputación de funcionarios municipales que no pertenecerían al equipo de gobierno. Paradógicamente, el concejal de Seguridad sí ha admitido el desaguisado existente en el cuerpo, del que reconoció que "no funcionaba bien".

Las detenciones también afectaron a algunos miembros de las Brigadas Especiales de Seguridad Ciudadana (BESCAM), de las que forman parte unos 70 agentes de los 150 con que cuenta Coslada. Sus recursos están sufragados por la Comunidad de Madrid, motivo por el que el Consejo de Gobierno regional ha decidido personarse en la acusación para aclarar los hechos.

Portavoces autorizados de la Consejería de Interior explicaron a Madridiario que se espera conocer el grado de responsabilidad del Ayuntamiento y de los agentes, antes de plantear la cancelación del convenio de la Bescam con Coslada.

Tratos con una red de prostitución
A primera hora de este jueves, varias furgonetas de la Policía Judicial y la UIP cerraron el paso a las dependencias de la Policía Local de Coslada para practicar las detenciones.

Tras practicar los registros, los agentes fueron trasladados a diferentes comisarías de la región por motivos de seguridad, donde permanecerán incomunicados a la espera de pasar a disposición judicial en un plazo máximo de 72 horas. Se da la circunstancia de que la Policía Local, que cuenta con 150 agentes, se ha quedado de esta manera sin una quinta parte de los efectivos.

La intervención corresponde a la segunda fase de la ‘Operación Bloque’, que se inició con la investigación de una mafia de origen rumano relacionada con la prostitución. A raíz de la misma se determinó la existencia de contactos entre sus componentes y agentes de la Policía Local. Las detenciones se han realizado tras la declaración del oficial jefe del Cuerpo, Ginés Jiménez Buendía, que fue detenido en su domicilio en la mañana de este jueves.

“Rumores” sin denuncia sobre extorsiones
Las supuestas extorsiones eran ‘vox populi’ en el municipio, donde comerciantes y vecinos habían oído “rumores” sobre los chantajes, aunque estos no fueron investigados por el Ayuntamiento ya que “nunca hubo denuncia”. Así lo aseguraron, tras destaparse la trama, el alcalde de Coslada, Ángel Viveros, y el concejal de Seguridad, Antonio Murillo, que pusieron “la mano en el fuego” por su equipo de Gobierno y el anterior, del Partido Popular.

En cambio, el Colectivo Profesional de Policías Municipales (CPPM) acusó al alcalde y al responsable de seguridad de no defender el honor del Cuerpo y de "no dar la cara por sus agentes, creando intranquilidad entre la ciudadanía".

Por el momento, y en medio de la sorpresa general con la que los vecinos han vivido los hechos, ha sido el suboficial de la Policía Local quien ha asumido el mando de los agentes.