Corbacho frente a los contratos de integración

El ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, manifestó que, ante la crisis de empleo, el Gobierno desarrollará "un programa que facilite el retorno de los extranjeros a sus lugares de origen si así lo desean", iniciativa que irá acompañada con la búsqueda de nuevos puestos de trabajo en "sectores emergentes".

En declaraciones a la SER, el ministro señaló que la inmigración es "un fenómeno que hay que controlar y gobernar porque de lo contrario acabaría afectando negativamente" a los españoles y a los propios inmigrantes, pero insistió en que a España pueden llegar "todos los inmigrantes que hagan falta, pero todos con contrato de trabajo".

El 16% de la población en la Comunidad Valenciana es extranjera
La solución de Corbacho no es la única propuesta. La Comunidad Valenciana ha hecho públicas las cifras de inmigración que afectan a su autonomía. En este territorio la inmigración ha aumentado un 77% desde el año 2003 y en total, el colectivo de extranjeros ya supone el 16% de la población en la comunidad. El gobierno de Camps se apoya en esos datos para intentar establecer un polémico contrato de integración voluntario para que los extranjeros se adapten a las costumbres nacionales, aprendan los valores sociales que existen en nuestra sociedad, la historia local, el idioma, la cultura, ciudadanía, etc.

    Este documento no puede legalmente restar derechos a quienes no se acojan a él, pero eso sí aquellos firmantes tendrán que comprometerse a utilizar los medios de la Generalitat que pondrá  tal efecto. El desarrollo y futuro de este contrato, de llevarse a cabo finalmente, aún no está muy claro porque si bien desde la Comunidad Valenciana se asegura que es una medida voluntaria y no discriminatoria, no aclaran si afectaría a todos los inmigrantes por igual, independientemente de si tienen muchos o pocos recursos, y porque se sirven del ejemplo de otros países como Reino Unido, Francia, Holanda, Austria, Dinamarca o Bélgica que utilizan estos contratos para que los extranjeros demuestren una serie de conocimientos necesarios como requisito para poder adquirir o mantener la residencia así como acceder a la nacionalidad.

    Sobre el 'contrato de integración' de la Comunidad Valenciana, Corbacho, que se reúne este miércoles con el consejero de Inmigración de esta comunidad, destacó que le transmitirá "con toda claridad" que el Gobierno "no está de acuerdo" con esta iniciativa, a la que además "no dará soporte alguno por estar fuera del marco de las competencias de una autonomía".

   En este sentido, insistió en que el problema de la inmigración en España en estos momentos "no es de usos y costumbres sino de integración" y, en segundo lugar, "de regularidad y de legalidad". "No creo que el 'contrato de integración' valenciano sea la mejor medida. Dicho esto, todo lo que sea caminar para buscar puntos de encuentro me parece bien", apostilló.

Directiva europea sobre inmigración
Este miércoles se iba a votar la directiva europea sobre repatriación de los 'sin papeles', pero finalmente se ha aplazado hasta la semana próxima.  Sobre esta iniciativa  el ministro de Trabajo e Inmigración dijo que éste es un asunto del que se encarga el Ministerio del Interior, por lo que aseguró desconocer la posición que tendrá España.

El que sí ha querido manifestar su opinión sobre esta directiva europea ha sido el coordinador general de IU, Gaspar Llamazares, que ha llevado al Congreso la exigencia de que se explique la posición del Ejecutivo ya que entiende que se trata de una acción incompatible con nuestro Estado de Derecho.

    Llamazares se posiciona contra las medidas de retorno de Corbacho y denuncia que la iniciativa europea permitirá las detenciones e internamientos sin orden judicial y que los inmigrantes pasen de estar un máximo de 40 días hasta los 18 meses en un centro de internamiento. Además, critica que el 'retorno voluntario' significará que no puedan regresar legalmente en 5 años.

    Por su parte, el diputado de ICV, Joan Herrera, ha criticado que esta directiva “no plantea el problema desde la óptica de los derechos humanos, sino que simplemente se establecen medidas para privar la libertad estas personas”. “Desde ICV estamos totalmente en contra de que el derecho europeo se construya de la mano de las prácticas nacionales más restrictivas y menos sensibles con los derechos humanos”, ha subrayado Herrera.

PNL sobre los “inexpulsables”

Por otro lado, Herrera (ICV) junto a Gaspar Llamazares (IU), ha registrado una Proposición no de ley “sobre la situación de la población inmigrante indocumentada con orden de expulsión que no se puede ejecutar”, para su debate en el Pleno del Congreso de los Diputados. Esta PNL insta al Gobierno  a adoptar las medidas necesarias para dar “una urgente e inmediata solución a la creciente problemática de personas con orden de expulsión que no se ejecuta en la línea de:

1)     Anular las órdenes de expulsión no ejecutables.

2)     No imponer la sanción de expulsión para las personas que entran de forma irregular o devienen en irregulares máxime cuando dicha sanción no sea ejecutable. 

3)     Modificar de los artículos 34 de la Ley y 107 del Reglamento para permitir que quienes estén sin documentos de identidad puedan obtener su inscripción y, por tanto, su reconocimiento como ciudadano.

4)     Procedimiento de regularización permanente para quienes se encuentren en esta coyuntura, mediante la concesión del Permiso de Residencia y Trabajo por cinco años directamente y después el Permiso de Residencia Permanente”.

Lea el texto que se ha llevado a la Mesa del Congreso pinchando aquí