El director de la Agencia Catalana del Agua (ACA), Manel Hernández, ha confirmado ahora que la nueva infraestructura supondrá la expropiación de unas 600 fincas… y de un número de viviendas sin especificar. La mayor parte de esas fincas serán rurales, nos explican en el ACA.
El proyecto costará, si finalmente se llega a realizar, más de 180 millones de euros. Se trata de conectar por una tubería reversible Tarragona, hasta donde ya llega agua del Ebro por un trasvase anterior, y la localidad de Olèrdola, en Barcelona, donde se verterían al sistema de distribución de la conurbación de Barcelona.
La mayor parte de los 70 kilómetros de la nueva infraestructura aprovechará la servidumbre de paso de la autopista Ap7. La autopista es una concesionaria que controla Abertis y la obra ha sido adjudicada a Aguas de Barcelona, Agbar.
Ambas empresas están bajo el control de La Caixa, lo que ha levantado críticas de los contrarios al trasvase que consideran que podría haber un nexo entre la nueva infraestructura y la máxima entidad de crédito de Cataluña y España.
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