Arreglo

La pregunta que más me hacen estos días es ¿Hay arreglo con el campo?. Mi respuesta: Definamos “arreglo”.

El prolongado conflicto entre “el campo” y el gobierno ha modificado, al menos transitoriamente, el mapa político y social del país. La popularidad del gobierno se ha desplomado. Sus planes de marketing, vinculados con el “relanzamiento” de la Presidenta, se han visto entorpecidos. Varias de las figuras importantes del justicialismo, Gobernadores, Intendentes, se encuentran obligados a realizar difíciles equilibrios entre sus votantes y su lealtad a la caja oficial. La oposición, por su parte, ha encontrado una excusa para conseguir cierto espacio en la opinión pública y, finalmente, han surgido líderes regionales y sectoriales, con potencial proyección nacional. Asimismo, la prolongación del paro, el elíptico llamado al diálogo de la Presidenta y la presión del resto de las entidades empresarias, las encuestas de opinión, y los pedidos de acuerdo por parte de Gobernadores “insospechados”, también está golpeando al, hasta el momento, unido frente de las entidades agropecuarias. Por todo esto, los incentivos están ahora alineados para una negociación efectiva, en busca de un acuerdo.

Sin embargo, no hay que olvidar que el conflicto, más allá de sus mencionadas consecuencias políticas y sociales es, eminentemente, económico.

En efecto, todo empezó cuando el gobierno nacional quiso apropiarse de una porción mayor de los ingresos de los productores, dado el fuerte aumento de los precios internacionales de granos y oleaginosas, de los últimos meses. De paso, con el esquema de “techo” al precio de la soja, para el productor, se pretendió, de manera burda por cierto, revertir la “sojización, consecuencia directa de la desastrosa política agropecuaria de los últimos años que, al intervenir en el mercado de la carne, el trigo y los lácteos, entre otros, incentivó, aún más, el desplazamiento de la producción hacia el “yuyito”. De manera que, lo que está en discusión, después de todo, es la política agropecuaria reciente en su conjunto. Y todo el esquema de subsidios, controles, precios máximos, e impuestos y restricciones a la exportación pergeñado por el gobierno K. Cabe agregar, además, que esta discusión se da, en un contexto de dificultades financieras crecientes para la renovación de la deuda pública argentina, derivadas, por un lado, de un escenario internacional más complejo, pero, sobre todo, de la pérdida de reputación del gobierno, en cuanto al manoseo del CER (y las perspectivas de que dicho manoseo continuará, ahora disfrazado de nuevo índice) y la falta de propuestas concretas para solucionar la deuda con el Club de París. La deuda con aquellos que no entraron al canje. El incumplimiento de pagos de los reiterados fallos en contra del Estado argentino en el CIADI, etc.

De manera que la definición de “arreglo” desde la perspectiva de los productores agropecuarios y de la economía en su conjunto debe contemplar dos cosas: 1- Menor apropiación del Estado de los ingresos de los productores. 2- Cambios de fondo en la política hacia el mercado de carnes, trigo y leche. Lo primero, es una modificación, relativamente sencilla, del esquema de retenciones. Pero los menores recursos públicos derivados de esa modificación, habrá que ir a buscarlos a otro lado. O resignar parte del esquema de subsidios en otros sectores. O instrumentar un menor crecimiento del gasto. Por otra parte, las modificaciones de largo plazo en los mercados “intervenidos”, implican, también, aceptar mayores precios finales para los consumidores, al menos para productos “no populares” o el traslado de la “intervención” a otros integrantes de la cadena productiva de alimentos.

Dicho de otra forma, todos reclaman “que se arregle con el campo”, pero algunos olvidan que “el arreglo”, si en serio queremos recomponer la política agropecuaria y alinearla con los importantes incentivos que surgen del escenario internacional, genera, simultáneamente, la aceptación de menos “precios argentinos” y más precios internacionales para muchos productos. En otras palabras, un cambio profundo en la política agropecuaria significa darle precios a los productores de “no soja” que justifiquen, al menos marginalmente, que el proceso de sojización no siga avanzando. Pero, insisto, a menos que se desee trasladar el error a otros sectores de la cadena agroalimentaria, presionando a fabricantes o supermercados, este cambio significa mayores precios del lomo, o de los panificados, o de los lácteos más elaborados.

Y un replanteo, por lo tanto, de los mecanismos de subsidios para los sectores más pobres de la población.

Desde el punto de vista de la sociedad, no se puede decir en la misma frase “estoy con el campo, pero quiero estos mismos precios para los productos agropecuarios”.

Para el gobierno, se presenta una extraordinaria oportunidad de “relanzar” en serio el gobierno de Cristina.

En efecto, desarmar la “herencia recibida” en materia de política agropecuaria sería una extraordinaria señal para la inversión. Y un excelente antecedente para trasladar este “desarme” a otros sectores, en especial, el energético.

Obviamente, un cambio tan drástico de política también obligaría a un replanteo profundo de la política fiscal, hoy único instrumento disponible para combatir la aceleración de la tasa de inflación y el eventual salto en el nivel de precios que producirían las modificaciones mencionadas.

Dicho de otra manera, un “arreglo” con el campo que tuviera sentido, desde el punto de vista de la problemática actual de la Argentina, consistiría en alinear los incentivos de precios a las ventajas competitivas de la agroindustria local, en el actual contexto global. Es decir, invertir los términos de la ecuación y en lugar de poner a los ingresos del campo al servicio del festival de gasto y subsidio que maximiza crecimiento en el corto plazo, pero destruye sustentabilidad de largo.

Poner a la política fiscal al servicio de maximizar los ingresos del campo y sus asociados, de manera de subirnos al tren del crecimiento regional. De paso, esta política, paradójicamente, ayudaría al resto de los sectores de la producción, hoy agobiados por la pérdida de competitividad y la falta de horizonte de largo plazo.

Inclusive, en el marco de un pacto serio para el bicentenario, hasta se podría establecer un sendero gradual de reconocimiento de precios, baja de subsidios e incentivos a la inversión en todos los sectores hoy mal “intervenidos” por las políticas públicas, que están claramente agotadas.

Este sería un verdadero “arreglo con el campo”.

Sin embargo, le asigno a este tipo de arreglo una muy baja probabilidad de ocurrencia. El gobierno, más preocupado por el marketing que por el futuro, prefiere un arreglo Light que un verdadero cambio de régimen. Por su parte, el sector agropecuario, ya casi resignado a la “sojización” como forma de compensar las pérdidas en el resto de la cadena, quizás se conforme con maximizar su ingreso por soja en el presente, antes que seguir una larga lucha por el resto. La sociedad, en promedio, muestra, en sus prioridades de corto plazo, sus preferencias por “lomo barato hoy, contra sin lomo mañana”. Los gobernadores, e intendentes, solo quieren salir rápidamente, del sándwich en que se encuentran metidos.

Finalmente, los políticos de la oposición, no tienen número, para influir fuertemente en las políticas públicas, y mucho menos para proponer medidas que, a simple vista, parecen “impopulares”.

En síntesis, estamos ante una gran oportunidad de revertir varios años de desastre en políticas macro y sectoriales. Pero, sospecho, que es otra oportunidad que dejaremos pasar, priorizando el corto plazo.

Después de todo la discusión, como siempre, ¡Es por plata!.