Las posturas del Cardenal Cañizares y del Gobierno regional se suavizan

El cardenal arzobispo de Toledo, Antonio Cañizares, y su obispo auxiliar, Carmelo Borobia, han firmado una carta pastoral con motivo de la aplicación en Castilla-La Mancha de la asignatura Educación para la Ciudadanía en el próximo curso, en la que animan a los padres a la "legítima" objeción de conciencia y dicen a los centros católicos que el Estado no puede "obligarles" a que asuman los contenidos de la materia, "contradictorios" a la moral católica.

En la carta pastoral monseñor Cañizares y Carmelo Borobia recuerdan que en el próximo curso se implantará en Castilla-La Mancha la materia Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos en la Educación Secundaria Obligatoria.

Afirman así que éste es un "hecho importante" ante el que hay que actuar con "lucidez, verdad, responsabilidad y libertad", conforme a los deberes y derechos que tienen los padres en materia educativa, que son "inviolables y primarios" y que deben ser "enteramente atendidos".

Tras recordar que corresponde a los padres elegir y determinar el tipo de formación religiosa y moral que desean para sus hijos, precisan que Educación para la Ciudadanía es una materia obligatoria para todos los alumnos y todos los centros, y que, en principio, "no habría nada que objetar". En este sentido explican que "es deseable y necesaria una formación de los alumnos en los principios constitucionales y en cuanto entraña convivir en una sociedad democrática como la nuestra".

No obstante, constatan que los Reales Decretos de enseñanzas mínimas obligatorias y las correspondientes normas en Castilla-La Mancha imponen obligatoriamente a todos los alumnos y a todos los centros una "formación moral no elegida" por los padres, e incluso "en abierta contradicción con lo que muchísimos de vosotros habéis elegido ya para vuestros hijos al solicitar Formación religiosa y moral católica".

Por eso, el cardenal arzobispo de Toledo y su obispo auxiliar recuerdan que es deber de los obispos "apoyar y alentar a los padres y a los centros escolares con carácter propio en el cumplimiento de sus deberes y derechos y en la defensa de los mismos".

En este sentido, recordando lo que la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal afirmó en su Declaración de febrero de 2007, indican que los padres "haréis muy bien en defender con todos los medios legítimos a vuestro alcance (incluida, por tanto, la objeción de conciencia, legítima) que os asisten, de ser vosotros quienes determinéis la educación moral que deseáis para vuestros hijos".

No entrar en contradicción 

Refieren también que "los centros católicos de enseñanza sabéis muy bien que si admitieseis en vuestra programación los contenidos previstos en los Reales Decretos entraríais en contradicción con vuestro carácter propio, informado por la moral católica". "El Estado no puede obligaros a hacerlo, ni los centros podríais hacerlo tampoco, si fuese vulnerando el derecho a la libertad de enseñanza y a la libertad religiosa"; así pues, tanto los padres como los centros educativos "deben actuar de modo responsable y comprometido en favor de sus derechos educativos".

Tras lamentar que algo que es "tan obvio" no sea reconocido suficientemente, o que el reclamar y ejercer estos derechos garantizados constitucionalmente estén "encontrándose con tantas dificultades en las administraciones educativas", ambos exhortan a los padres católicos a cumplir "el deber que tenéis de pedir para vuestros hijos la Formación Religiosa y Moral Católica".

"Sed congruentes -afirman- y reclamad que ninguna otra enseñanza moral impuesta distorsione vuestra elección: en el interior de vuestros hijos se generaría, de hecho, una contradicción que no podría educar su personalidad".

En su escrito se dirigen también a los profesores de Religión, a quienes agradecen su "gran labor" y les piden que no se desalienten "ante las dificultades". Los obispos expresan, además, su gratitud a los "profesores cristianos y educadores que estáis actuando conforme a la razón y a la verdad" y a los colegios católicos, tanto de titularidad diocesana como de otras instituciones religiosas.

Don Antonio Cañizares y su obispo auxiliar no olvidan tampoco en su escrito "a tantos padres que sintiendo vuestra responsabilidad y deber de padres, reclamáis lo que es justo y exigible en materia educativa".

Agradecen al Gobierno regional el respeto para con la religión

Finalmente, se dirigen también a la Administración Educativa de la Comunidad de Castilla-La Mancha y de la provincia de Toledo agradeciendo "lo mucho y bueno que innegablemente están haciendo por mejorar la enseñanza entre nosotros" así como su "gran sensibilidad, respeto y ayuda para con la enseñanza de la religión y moral católica".

Del mismo modo, agradecen su "disponibilidad para el diálogo y su buena disposición en orden a encontrar soluciones ante problemas y cuestiones que siempre surgen". "Es deber de justicia y de fidelidad a la verdad -añaden- reconocer públicamente que hemos sido escuchados en este asunto, aunque no se haya podido alcanzar, al menos hasta ahora, lo que correspondería satisfactoriamente a lo que tantos padres reclaman justamente".

No obstante, piden "con todo respeto" a la Junta de Castilla-La Mancha que "no se cierren puertas y se prosiga el camino para encontrar soluciones justas y precisas que respeten y garanticen eficazmente el derecho que los padres están reclamando y defendiendo amparados en la Constitución, tanto en los centros estatales como en los de iniciativa social, con medios legítimos a su alcance".

"Esta materia, es decir, la necesaria educación de los niños y jóvenes para vivir como ciudadanos de España y del mundo, nunca debería ser objeto de confrontación y de división; si esto está sucediendo es señal de que algo no se ha hecho, o no se está haciendo bien. Es tiempo de buscar el encuentro y llegar al acuerdo; para eso habrá que rectificar en lo que sea justo y necesario", concluyen.

La Junta pide sentido común a los profesores

El vicepresidente primero del Gobierno de Castilla-La Mancha, Fernando Lamata, señaló hoy que el Gobierno regional espera que los docentes castellano-manchegos tengan "capacidad de respeto y sentido común" ante la implantación de la asignatura Educación por la Ciudadanía que comenzará a impartirse el curso que viene.

Según explicó Lamata, a preguntas de los medios con motivo de una rueda de prensa para dar a conocer los acuerdos del Consejo de Gobierno, la Junta respeta que haya asociaciones de padres que tengan "criterios distintos respecto a la asignatura y que vayan a plantear una objeción de conciencia".

Asimismo, aseguró que el Gobierno regional espera que el Tribunal Supremo interprete la norma de manera inequívoca y cierre la discusión en torno a la objeción de conciencia de la asignatura, ya que "hay algunos tribunales, como el caso de Andalucía, que han dicho que los padres llevan razón y otros, como los de Cataluña o Asturias, que han dicho que no la llevan".

Entre tanto, señaló que espera que se siga dialogando y valorando cómo se va a implantar esta asignatura de manera que sea aceptada por todas las partes y se llegue a la resolución del debate en cuanto a la objeción de conciencia.