Las deportaciones vuelven a Europa

A Europa se le ha metido el miedo en el cuerpo en los primeros años del siglo XXI, como le sucediera a Roma hace 2.390 años, cuando los senones se presentaron en Chiusi (Toscana) para ocupar tierras buenas. En el caso actual no son tierras, sino puestos de trabajo y no precisamente de los buenos, pero, como antaño, el temor europeo es a los “bárbaros”, es decir,  los extranjeros tercermundistas, como se les estigmatiza.

El Parlamento Europeo ha aprobado por 369 votos a favor, 197 en contra y 106 abstenciones la “directiva contra la inmigración ilegal” de los 27 países de la Unión Europea. A favor votaron los 40 nacionalistas de extrema derecha, 217 populares, 57 liberales y 34 socialistas (españoles y alemanes); la abstención y rechazo vino de  los 37 de izquierda unida y 38 verdes, 149 socialistas,  49 populares y 27 liberales.

La directiva establece la facultad de los gobiernos a proceder a la detención administrativa de inmigrantes sin papeles (unos 8 millones) mientras tramita la expulsión a su país de origen en un periodo de 90 a 540 días en centros de detención que no son cárceles y la expulsión de menores de edad a su país o a un tercero que no sea el suyo.

“Los políticos prefieren tratarnos como a delincuentes. Es más fácil eso que integrar”, decía con la claridad del sabio Bachcu, un bengalí que lidera el “Movimiento de Sin Papeles” desde Roma, la misma desde donde los romanos aterrados, en el 390 a. de C, las emprendieron contra los “bárbaros” de entonces. 

El raciocinio de Bachcu afloró en medio de la  campaña electoral, abril pasado, en que la derecha de Berlusconi y el centro-izquierda de Veltroni hicieron de la seguridad un caballo de batalla y “cuando en un cartel electoral pone seguridad, quiere decir una cosa: los inmigrantes somos criminales”, aseguraba el líder inmigrante.

La resolución europea criminaliza a los inmigrantes estableciendo dos categorías de extranjeros: legales e ilegales.  La figura del “inmigrante ilegal” sancionada en el primer consejo de ministro del gobierno italiano es asumida virtualmente por los 27 países.    Toda una rotunda señal de lo que se avecina es el hecho de que la primera decisión europea vinculante sea un proyecto asociado a la represión, en vez de la acogida e integración, a los extranjeros no comunitarios.

La disposición de violar derechos humanos se instala en la legislación europea. Cuarenta y cuatro países de África y América Latina instaron a que no se aprobara la directiva, lo mismo hicieron 50 personalidades del mundo del arte y de la cultura, el Comisionado de Derechos Humanos del Consejo de Europa y la Asociación Europea de Derechos Humanos. Además de dos prominentes personalidades europeas, Jacques Delors y Michel Rocard, que llamaron al Parlamento a no aprobar el proyecto represivo. 

Los inmigrantes del siglo XXI no harán lo de los senones: destruir Roma como represalia a las humillaciones recibidas, pero tampoco se irán, como ellos lo hicieron, sino que se quedarán y podrán venir más, porque las migraciones de personas forman parte de las posibilidades y necesidades del Sur y el Norte del mundo, aunque los gobiernos europeos, temerosos, se propongan tramitar deportaciones masivas, parecidas a las vividas en el siglo XX.
Pablo Portales
Periodista
(En Madrid)