El Parlamento vasco aprobó por 34 votos a favor, 33 en contra y 8 abstenciones la famosa Ley de Convocatoria y regulación de una consulta popular, propiciada por el Gobierno vasco. El texto contempla la celebración de una consulta popular -a todas luces ilegal- el 25 de octubre, recabando la opinión de los vascos sobre el final dialogado del terrorismo y sobre un diálogo entre partidos
"sin exclusiones" en torno al derecho a decidir, que desembocaría en un referéndum en 2010. Ha sido la consumación del mayor lanzamiento de un órdago contra el Estado de los últimos tiempos.
La ‘ley Ibarretxe’ ha sido aprobada en el Parlamento de Vitoria con el apoyo de los filoetarras de EHAK, que ‘prestaron’ a
Ibarretxe y los suyos uno de sus votos, mientras que otros siete de sus parlamentarios se abstuvieron -el noveno diputado de EHAK no asistió al estar de baja-. El respaldo de EHAK ha sido esencial para que se aprobara la Ley por 34 votos frente a 33.
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La votación en el Parlamento de Vitoria coincidió en el tiempo con la rueda de prensa de la vicepresidenta primera del Gobierno,
María Teresa Fernández de la Vega, tras el Consejo de Ministros. De la Vega fue categórica al respecto:
“Si legítimo es aprobar cualquier iniciativa en el Parlamento Vasco, también lo es impugnar esa decisión ante el Tribunal Constitucional”.
El Gobierno no tardará
“ni un día” en poner en marcha el mecanismo para que la ley aprobada en Vitoria sea declarada inconstitucional. Lo ha dicho taxativamente De la Vega, que expresó su
“lealtad y respeto a las normas que fija nuestro Estado de Derecho”, que claramente incumple el señor Ibarretxe. Así, que no le quepa duda al Gobierno vasco:
“El mismo día que se publique la decisión adoptada en el Parlamento Vasco, el Gobierno de España iniciará los trámites para impugnarlo ante el Tribunal Constitucional”.
Según De la Vega,
“este desafío del señor Ibarretxe suena ya a conocido. Es una segunda versión de la maniobra de hace cuatro años, cuando puso en la mesa su plan soberanista, y lo mismo que ocurrió entonces ocurrirá ahora: el plan volverá al cajón de donde salió, porque no caben desafíos a las normas del Estado de Derecho”.
Recordar, en este punto, que debate que se celebró este viernes en el Parlamento de Vitoria se desarrolló en similares términos al que tuvo lugar en 2004, cuando el 'Plan Ibarretxe' salió adelante gracias al respaldo de tres de los seis parlamentarios de Sozialista Abertzaleak, grupo que por aquel entonces representaba a la izquierda
abertzale en la Cámara.
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Mecanismo del recurso al Constitucional
El Tribunal Constitucional podría suspender en escasos días la Ley de Consulta Popular, si el Gobierno de
Zapatero lo recurre en base
"a la invasión de competencias".
El Ejecutivo socialista argumentará en su impugnación que la consulta "es competencia del Estado y no del Gobierno vasco", y en cuanto el TC lo admita a trámite, se producirá una suspensión automática que se prolongará a lo largo de 5 meses.
Cuando transcurran esos 5 meses, el alto Tribunal daría audiencia a las partes para resolver si continua la suspensión durante el tiempo que dure el pleito, por lo tanto, hasta que dicte sentencia, o si se levanta la medida cautelar.
Esta audiencia a los implicados en el procedimiento también la establece la Ley, en previsión de que el Tribunal no haya decidido en sentencia en cinco meses, plazo que es habitual que se supere. Por ello, el TC procede a revaluar la suspensión provisional.
De esta forma, si el Ejecutivo socialista recurre la Ley de Consulta por invasión competencial, la suspensión automática de cinco meses impediría que la consulta se celebrara, dentro de la legalidad, el 25 de octubre de 2008, tal como tiene previsto el lehendakari Ibarretxe.
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