Beteta presenta 30 preguntas a Solbes sobre la financiación autonómica

A lo largo de su intervención, el consejero de Economía insistió en la necesidad de que el nuevo modelo de financiación contemple "íntegramente" al millón de nuevos ciudadanos que residen en la Comunidad de Madrid. Asimismo, pidió al Gobierno que reoriente el gasto estatal en inversiones para que ninguna comunidad "se pueda ver discriminada".

También reclamó al Ejecutivo de la nación que no suba los impuestos "en ningún caso", ya que, según dijo, son las comunidades las que sostienen la Sociedad del Bienestar. Tras su exposición, Beteta adelantó que para poder emitir un juicio de valor sobre la propuesta de financiación, la Comunidad de Madrid consideraba necesario conocer la respuesta a 30 preguntas.

Entre estas cuestiones, el consejero se preguntó si se creará un fondo similar al de suficiencia para hacer frente al gasto que suponen los servicios públicos fundamentales, al tiempo que quiso saber si este fondo "evolucionará igual" que el actual fondo de suficiencia (ITE). Acto seguido, se cuestionó si, en el caso de que el ITE sea considerado el índice de evolución, se aplicarán a las comunidades autónomas con fondo de suficiencia negativo las mismas reglas que en modelo actual.

En esta línea, Beteta preguntó si en la determinación de los servicios fundamentales se incluirán, además de la Sanidad, la Educación y los servicios sociales, la justicia o las políticas activas de empleo, o si la Ley de Dependencia estará metida en el nuevo sistema de financiación.

El consejero también quiso saber qué quiere decir que el nuevo sistema garantizará que los recursos tributarios "sean iguales para todos los ciudadanos" en la prestación de los servicios básicos del Estado de Bienestar en términos de población ajustada, así como cuál será el criterio exacto para el cálculo de la población ajustada.

La manera en que se va a calcular la financiación de los servicios públicos considerados no fundamentales, si la cuantificación de estos servicios será la de la restricción inicial menos las necesidades correspondientes a los servicios públicos fundamentales y cuál es la evolución de la garantía de la financiación de los servicios públicos no fundamentales en el futuro fueron otros de los puntos abordados por Beteta.

Status Quo
Otra cuestión importante fue si la propuesta presentada por el Ejecutivo "pretende dar cumplimiento al plazo fijado por el Estatuto de Cataluña para la concreción de los mecanismos financieros contemplados en él" y si el texto que se eleve posteriormente a la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales será exactamente el presentado ante el CPFF o se van a introducir cuestiones diferenciales para Cataluña.

"La propuesta del Estado no alude a la creación de consorcios entre las administraciones regionales y la Agencia Tributaria al estilo previsto por el Estatuto de Autonomía de Cataluña. ¿Qué contenido tendrán dichos consorcios? ¿hasta dónde llegarán sus facultades?", se cuestionó el consejero, quien necesitó conocer si se piensa extrapolar estas fórmulas a todas las regiones.

En la misma tónica, Beteta recordó que el Ministerio de Hacienda indica que la cesión del IRPF, IVA e IIEE se ampliará en torno al 15 por ciento, y se preguntó si esto quiere decir que "finalmente se propondrán los porcentajes fijados en el Estatuto de Cataluña", que son estos mismos.

Ya en el ámbito de la suficiencia, Beteta preguntó si el cálculo de las necesidades va a estar referido únicamente a los servicios públicos fundamentales, cuál será el criterio de reparto aplicable a educación, cómo se aplicará la garantía de status quo o qué coste se estima que tendrá la aplicación de éste.

Finalmente, el responsable regional de Hacienda se preguntó si el Gobierno tiene previsto crear nuevos impuesto o subir los ya existentes en aquellas comunidades autónomas que hagan un mayor esfuerzo fiscal, con el fin de que éstas consigan ingresos adicionales por estas causa.

Antes de detallar su batería de preguntas, Beteta destacó tres cuestiones que, a su entender, "faltan" en el documento del Estado. Así, citó la omisión del término solidaridad, la ausencia del principio de lealtad institucional de la vertiente del gasto, y la falta de reconocimiento de la labor y del esfuerzo de las comunidades autónomas como responsables de la Sociedad del Bienestar.