El PP niega que exista "incompatibilidad en las adjudicaciones"
El PSOE pide la comparecencia del responsable del Campus de la Jusitica por supuesta confluencia de intereses
jueves 01 de febrero de 2007, 18:51h
Actualizado: 10 de octubre de 2007, 11:36h
El PSOE pedirá la comparecencia en la Asamblea del director general de Modernización de las Infraestructuras de la Justicia, Miguel Giménez de Córdoba, para que dé explicaciones en relación a la adjudicación de la nueva Ciudad de la Justicia a una empresa donde trabajó el director técnico del proyecto.
La portavoz adjunta del PSOE en la Asamblea, Ruth Porta, anunció esta petición tras la publicación por el diario El País de una noticia en la que se acusa al director técnico de este proyecto, Isabelino Baños, de adjudicar un "goloso contrato" a la empresa donde trabajaba anteriormente.
Según explicó la portavoz socialista, Baños fue el encargado de negociar con la Administración la venta de los terrenos, como portavoz de los propietarios y, "fruto de las buenas relaciones" adquiridas durante ese proceso, "cambió de lado de la mesa para dirigir el proyecto desde los despachos de la presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre".
Para el Grupo Parlamentario Socialista, éste es un "caso más de confluencia de intereses privados con riesgo para el interés general y para los ciudadanos" y que, además, "pone en entredicho todo el proceso de decisiones y adjudicación del nuevo Campus de la Justicia". "Es muy difícil encontrar en el mundo de la derecha algún cargo público que, como consecuencia de sus magníficos curriculum en la empresa privada, no haya tenido algún tipo de relación con las empresas a las que ahora adjudican sus contratos", añadió Porta.
Sin incompatibilidad en las adjudicaciones
Por su parte, el portavoz del Grupo Popular en la Asamblea, Antonio Beteta, señaló que "no existe ningún tipo de incompatibilidad en las adjudicaciones" realizadas por la consejería de Justicia e Interior y añadió que esta acusación "es un error más que comete el PSOE fruto de una manera obtusa de ver las cosas".
La portavoz adjunta de IU en la Asamblea, Marga Ferré, aseguró que cuando se crea una empresa para realizar una construcción, "se hace para darle opacidad y para que no haya ni transparencia ni control". "Es política habitual del Partido Popular -aseguró- y consiste en externalizar lo que debería hacer la Administración pública, precisamente para que no sea más transparente".