La revelación fue hecha por el agente del Estado designado para este caso, Julio Galindo, quien expresó su confianza en que la Corte IDH cambiará su posición y no ordenará al Estado peruano realizar un desagravio público a los presos del pabellón de terroristas que fallecieron durante el debelamiento de un motín registrado en el penal limeño.
El abogado del Estado explicó, en declaraciones a Canal N, que el gobierno tomó esa decisión debido a que ha quedado demostrado que fueron los senderistas quienes originaron la reyerta, que concluyó con la muerte de varios reclusos acusados de terrorismo.
Señaló que, precisamente, esa información así como también copias de las sentencias de la Corte Suprema que acreditan que esas personas fueron sentenciadas por terrorismo han sido entregadas a tribunal supranacional.
Galindo explicó que los magistrados de la Corte se reunirán mañana en Costa Rica para evaluar la demanda de interpretación solicitada por el Estado peruano contra su primer fallo emitido en noviembre del 2006, pero recién el 11 de setiembre en Montevideo, Uruguay, darán a conocer su decisión.
De otro lado, la ministra de Justicia, Rosario Fernández, rechazó las críticas por asistir a un homenaje a dos terroristas. En ese sentido, negó que su presencia pueda beneficiar en el fallo que emita la Corte IDH sobre los senderistas muertos en Castro Castro y recordó que ya antes ha expresado su rechazo a que éstos sean recompensados o desagraviados públicamente.
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