Se trata de un dictamen que al final de cuentas mantiene las controvertidas obligaciones que la Corte-IDH impuso al Perú, pero que abre algunas ventanas a nuestro Estado para poder resolver de la manera menos traumática dichas tareas.
En cuanto a la obligación de inscribir los nombres de los 41 terroristas –muertos en el motín del penal de Castro Castro– en el monumento El Ojo que llora (ubicado en el distrito de Jesús María), la Corte-IDH libera al Estado de hacerlo en dicho lugar, pero le impone la tarea de hacerlo en un parque o que erija un monumento que satisfaga el sentido y el fin de la medida de reparación ordenada.
Sobre este punto, la Corte-IDH le impone un plazo de un año al Estado peruano para cumplir con la medida a partir de la notificación de la presente sentencia. Es decir, los peruanos no podremos evadir el homenaje a los terroristas.
Indemnizaciones
Asimismo, la Corte mantiene la obligatoriedad del Estado peruano de cumplir con las indemnizaciones que ordenó a favor de los terroristas afectados en 1992, pero deja la puerta abierta para que sean saldadas a cuenta con las reparaciones civiles que los subversivos adeudan al país.
También parece ser que se podrían pagar las indemnizaciones a través de la prestación de servicios como salud, educación, etc.
De igual modo, ofrece la posibilidad al Estado para buscar la modalidad más conveniente para cumplir con la exigencia de dar publicidad a la sentencia –a través de medios de comunicación– que el órgano supranacional emitió en el año 2007. Es decir, buscar un medio no masivo y un horario no estelar.
Eso sí, dejan sentado que dicha modalidad será supervisada y será valorada por el Tribunal.
Pese a ello, la Corte no desconoce que Sendero Luminoso (SL) actuaba al margen de la ley y ratifica su más enérgico rechazo a la violencia terrorista. En ese sentido, hace referencia a la conclusión de la Comisión de la Verdad, que señala que SL fue el principal perpetrador de crímenes y violaciones de derechos humanos (en el Perú).
¿Triunfo?
Pese a que en lo substancial la corte se reafírmó, el canciller José Antonio García Belaunde resaltó que el tribunal, frente al pedido de interpretación solicitado por el Perú, hizo una condena clara y explícita a Sendero Luminoso, y dispuso que las indemnizaciones a favor de los deudos de las víctimas de ese caso se otorguen de acuerdo con el orden interno peruano.
“Esto es lo más sustantivo de los méritos que tiene la causa peruana y podemos decir que el Perú ganó la batalla contra los terroristas en la Corte Interamericana”, declaró a los periodistas, tras participar en una sesión del Consejo de Ministros, en Palacio de Gobierno.
Por su parte, el ministro de Defensa, Ántero Flores-Aráoz destacó que la Corte IDH reconoció a Sendero Luminoso como el gran violador de los derechos fundamentales en el Perú.