Además, la subcomisión evaluará "las experiencias más innovadoras de las leyes europeas de indicaciones y plazos en esta materia" y analizará el "funcionamiento, la equidad territorial y la accesibilidad en la prestación de este servicio en la red sanitaria pública y concertada".
Del mismo modo, tendrá la misión de determinar si en la actualidad las mujeres que abortan y los profesionales que las atienden cuentan con la suficiente "seguridad jurídica".
La subcomisión, que recibirá a los expertos llamados por los distintos grupos, trabajará en paralelo al Comité de Expertos del Gobierno que elabora la futura normativa.
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