Un país se juzga por cómo alberga a sus ciudadanos. No por la opulencia de unos pocos, sino por la garantía de un techo digno para todos. Lo que estamos viviendo en el Reino de España, sin embargo, no es un simple “problema de acceso a la vivienda”. Es el síntoma terminal de una democracia renunciada, de una soberanía regalada y de una clase política –la actual y la alternativa– que, en su cretinismo o en su estupidez maligna, nos conduce al abismo de la crisis social y el precipicio de la guerra. Mientras, adormecidos por el mantra de que “vivimos en el mejor de los mundos posibles”, financiamos con nuestros impuestos a nuestros propios verdugos: los especuladores y la banca.
Hemos interiorizado la gran derrota ideológica: nos hicieron creer que la lucha de clases era un anacronismo, que la clase obrera se había evaporado en el éter de la sociedad de servicios. Y al renunciar a ese lenguaje de la igualdad y la justicia social, al renegar incluso de la palabra “socialismo”, hemos aceptado, sumisos, nuevos amos. Nuestros gobernantes, esos “cretinos” que citaba la reflexión inicial, y sus posibles sustitutos, “estúpidos, pero capaces de engañar”, no son más que los administradores locales de un poder real que reside en otro sitio. Un poder que contamina nuestra política, nuestra economía y nuestro futuro.
Ese poder tiene dos cabezas visibles: las grandes corporaciones empresariales y financieras, y el vasallaje geopolítico a los Estados Unidos, que arrastra a toda Europa a una dinámica belicista y de confrontación que pone en riesgo décadas de paz. Ambos poderes están íntimamente ligados. La OTAN no es solo una alianza militar; es la estructura de seguridad de un modelo económico depredador. Y en ese modelo, la vivienda ha dejado de ser un derecho para convertirse en el activo financiero perfecto: escaso, necesario y susceptible de una rentabilidad obscena.
El Estado mal construido: la arquitectura del boicot
Aquí reside la primera gran mentira que debemos desnudar. Se nos presenta el “problema de la vivienda” como una fatalidad del mercado o una incompetencia del Gobierno central. Es falso. El problema es estructural y deliberado. El Estado de las Autonomías, en su diseño actual y en su práctica perversa, es la herramienta perfecta para el bloqueo y la injusticia. Es un Estado “mal construido”, como bien se señala, que permite la teatralización política más cínica.
Mientras el Partido Popular, a nivel nacional, “exige soluciones” al Gobierno progresista, la mayoría de las Comunidades Autónomas que gobierna –con competencias plenas en vivienda– no hacen absolutamente nada y boicotean cualquier iniciativa. Paralizan suelos, desincentivan el alquiler asequible, no ejecutan los fondos públicos o los destinan a operaciones de maquillaje. Su estrategia es clara: ahondar la crisis para erosionar al Gobierno central y, de paso, alimentar la máquina especulativa de sus aliados en el sector inmobiliario y financiero. Es una traición institucionalizada. Y ante ella, el Gobierno de Pedro Sánchez carece, efectivamente, de las ideas y, sobre todo, del valor para enfrentarse a los verdaderos titiriteros: los bancos y los fondos buitre que han convertido nuestras ciudades en casinos.
La Ley de Vivienda actual, incluso con sus tímidos avances, es insuficiente y nace coja por este sabotaje autonómico. Pero es que, además, está construida sobre la lógica de regular un mercado que es, por naturaleza, injusto. Regular la rapiña no acaba con la rapiña. Se necesitan medidas de ruptura.
Un millón de viviendas públicas: un grito de soberanía
Por eso, desde Soberanía y Trabajo, levantamos una bandera concreta y urgente: Un millón de viviendas públicas de alquiler asequible, ya. No es una consigna electoralista. Es un plan de reconstrucción nacional y de reconquista democrática.
- Es una cuestión de justicia económica: Cada euro público que no se invierte en vivienda social es un euro que, a través de ayudas al alquiler privado o desgravaciones fiscales a grandes tenedores, termina en los bolsillos de los especuladores. Tú y yo, con nuestros impuestos, estamos pagando a quienes nos desahucian. Es una transferencia obscena de riqueza de abajo arriba. Un millón de viviendas públicas rompería ese circuito perverso, abarataría el conjunto del mercado y devolvería el dinero público a la comunidad.
- Es una cuestión de libertad personal: Sin techo asegurado, no hay libertad. Hay servidumbre a un salario de miseria, miedo a emprender, imposibilidad de formar una familia o de separarse. La juventud no es “libertina”; está encadenada a la habitación en casa de sus padres. Recuperar la vivienda como derecho es la base de una ciudadanía libre y con proyectos de vida.
- Es una cuestión de soberanía: ¿De qué sirve hablar de soberanía nacional si no somos soberanos para decidir dónde y cómo vivimos? Un parque masivo de vivienda pública quita poder a los mercados financieros globales y se lo devuelve a las comunidades locales. Es un acto de independencia económica tan crucial como pueda serlo una política exterior no alineada.
Derogar, Constituir, Enfrentar: el camino inevitable
Pero este objetivo no se logrará con parches. Exige una hoja de ruta de confrontación democrática con los poderes establecidos.
- Enfrentarse a las CCAA boicoteadoras: El Gobierno debe activar todos los mecanismos de coerción y ejecución que la Constitución y los estatutos le permiten para obligar al cumplimiento de las funciones sociales en vivienda. Debe centralizar temporalmente competencias, ejecutar obras directamente y llevar ante los tribunales a los gobiernos autonómicos que incurran en desatención deliberada de sus obligaciones. La lealtad institucional no puede ser un cheque en blanco para la traición social.
- Derogar la ley vigente y legislar con valentía: Necesitamos una nueva Ley de Vivienda que tenga como eje central la construcción masiva de lo público. Que incluya la expropiación temporal de viviendas vacías en manos de grandes patrimonios, el control estricto de los alquileres en zonas tensionadas, y tasas prohibitivas a la vivienda desocupada con fines especulativos. Una ley que ponga el derecho a la vivienda por encima del derecho a la propiedad privada especulativa.
- Iniciar un Proceso Constituyente: El marco actual está podrido. El “café para todos” autonómico, útil en su día, hoy es un laberinto de duplicidades y boicots. Necesitamos un gran debate nacional para refundar el Estado sobre principios claros: la solidaridad irrenunciable, la eficacia en la garantía de derechos sociales (vivienda, sanidad, educación) y la recentralización de aquellas competencias estratégicas que, como la vivienda, se han usado como arma política. Un nuevo pacto territorial que acabe con el reino de los feudos.
Romper el espejismo: otro mundo es posible
Nos dicen que no hay alternativa. Que el mercado es natural, que el vasallaje a EEUU es inevitable, que la guerra es una fatalidad. Todos nos mienten. Mienten los “cretinos” y mienten los “estúpidos engañadores”. Están por lo mismo: por la perpetuación de un sistema que beneficia a una oligarquía transnacional a costa del bienestar de los pueblos.
Decir que la clase obrera no existe mientras millones no pueden pagar un alquiler es una burla. La clase obrera somos todos aquellos que vivimos de nuestro trabajo (o que lo buscaríamos si pudiésemos emanciparnos) y no de rentas especulativas. Y está más viva que nunca, solo que desorganizada y adormecida.
Europa está al borde del abismo, sí. Pero el abismo no es solo la guerra en Ucrania o el próximo conflicto. El abismo es la desesperanza social, la fractura entre generaciones, la resignación. La vivienda es la trinchera donde podemos empezar a librar la batalla de la dignidad.
Construir un millón de viviendas públicas no es solo una política social. Es un acto de insumisión. Es demostrar que hay otro mundo posible, que la soberanía empieza por la llave de tu casa, y que la igualdad no es una palabra vieja, sino la única brújula para un futuro habitable. Debemos dejar de creer en los amos y empezar a creer, de nuevo, en nosotros mismos. El tiempo de la cobardía se acabó. Es la hora de la lucha.
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