Correal aprovechó para recordar que miembros de la dirección del SUP sufrieron expedientes en el pasado por realizar una rueda de prensa y un acto de protesta de uniforme en la época en la que era ministro del Interior Mariano Rajoy y que esos mismos procedimientos quedaron archivados a su conclusión cuando ya ocupaba la cartera Angel Acebes.
En octubre de 2001, la Ejecutiva Nacional del SUP ofreció una rueda de prensa de uniforme y ese mismo año representantes de la organización y de otros sindicatos policiales protagonizaron un acto de protesta en la calle vestidos de uniforme. Aquello supuso la apertura de expediente a los policías en un proceso que finalizó con la decisión de Acebes de "dar carpetazo" al asunto, recordó Correal.
El portavoz del SUP entendió como una irregularidad, según consta en el Régimen Disciplinario de Guardia Civil, la concentración del pasado 20 de enero y la apertura de un expediente a los agentes que acudieron con uniforme y sin pistola, pero al tiempo se manifestó contrario a que se apliquen sanciones por ello.
El carácter militar del Instituto Armado no marca diferencias entre el archivo de los expedientes a los policías y lo que debe ocurrir con los agentes del instituto armado, ya que, en su opinión, el régimen disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía es "mucho más duro" que el actual de Guardia Civil y recoge la suspensión de empleo y sueldo por tres años si se realiza un acto similar al convocado por la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) en la Plaza Mayor de Madrid.
Duros comunicados de profesionales
También asociaicones de Guardias Civiles como la Unión Profesional de Guardias Civiles –UPGC-,y la Asociación de Escala de Suboficiales -ASES/GC-, han emitido duros comunicados al respecto.
La UPGC, que agrupa a todas las escalas y empleos, pone en conocimiento de la opinión pública lo siguiente: PRIMERA: Desde la UPGC, felicitamos a la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) convocante del acto, Asociaciones del Cuerpo de la Guardia Civil, familiares, amigos, simpatizantes y público en general que asistió a la Plaza Mayor de Madrid a solicitar para la Guardia Civil los mismos Derechos con que ampara la Constitución a cualquier ciudadano en España y que, sistemáticamente, han sido denegados a nuestro colectivo, dándose la paradoja de que la Carta Magna nos encomienda proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos.
SEGUNDA: Entendemos que el Acto celebrado en la Plaza Mayor de Madrid, el pasado 20 de enero, cumplió escrupulosamente con el Ordenamiento Constitucional, toda vez que el Acto Público había sido convocado por una Asociación y en el mismo participaron ciudadanos, cuyos Derechos de expresión y reunión los tienen reconocidos en nuestra Carta Magna, por consiguiente estos ciudadanos no están sujetos a ningún Fuero Militar ni, menos aún, a las Reales Ordenanzas del Ejército de Tierra.
TERCERA: Una vez más, desde la UPGC recordamos al Gobierno del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), que la Guardia Civil no pertenece a las Fuerzas Armadas, tal y como lo preceptúa el artículo 8 de la Constitución.
CUARTA: En la actualidad nos encontramos con que no se ha definido ni concretado en qué consiste la “naturaleza militar” del Cuerpo, como así se puso de manifiesto en la Mesa de Impulso y Desarrollo del Régimen Estatutario de la Guardia Civil, celebrada en la Secretaria de Estado del Ministerio del Interior, en el año 2005.
QUINTA: Desde la UPGC instamos al Gobierno del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) a que emplee a los Guardias Civiles que integran los Servicios de Información de la Guardia Civil (SIGC) a la obtención, elaboración y análisis de información relacionada con el terrorismo, con el fin de evitar posibles actos terroristas, como así lo demanda la sociedad, en vez de utilizarlos como “delatores”, pues sus informaciones están sirviendo para iniciar expedientes disciplinarios a sus propios compañeros.
SEXTA. Alertamos al Gobierno del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), que incoar expedientes contra los Guardias Civiles asistentes al Acto Público convocado por nuestros compañeros de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), puede acarrear consecuencias imprevisibles.
El Gobierno agrava la crisis, según ASES
Por su parte, ASES-GC estima que el Gobierno no hace sino agravar la crisis de la Guardia Civil al anunciar sanciones para los manifestantes.Porque la Guardia Civil se siente defraudada y engañada. El espectáculo que se está dado es lamentable y desconcertante. La sanción como única respuesta no convence ya a nadie salvo a los generales. La Guardia Civil no se merece esto.
Ninguno de los responsables de Interior y Defensa quiere la patata caliente en sus manos y la pasa de uno a otro sin rubor. Primero fue Rubalcaba quien dijo, tras la concentración de miles de guardias civiles el sábado en Madrid, que todo ciudadano tiene derecho a manifestarse. Luego el Ministro de Defensa, quien afirmo la legalidad del acto, soltándola poco después al sentir quemarse sus manos escudándose en un malentendido.
Tras interpretar Alonso sus palabras cae en manos de Mesquida que la pasa a los servicios jurídicos para informe, cuando la norma es clara y transparente y no requiere interpretación alguna. El Señor Mesquida trata de ganar tiempo para deshacer el entuerto. Entre todos ellos el Consejo Superior de los generales de la Guardia Civil que, sin necesidad de informe jurídico alguno, reclaman el cumplimiento de la legalidad vigente y que se apliquen las sanciones con el máximo rigor al ver peligrar su hegemonía tras el acto de Madrid.
La Asociación de la Escala de Suboficiales de la Guardia Civil lamenta que el Gobierno, ante una situación que ha fomentado él mismo, no encuentre otra salida que sancionar a los guardias civiles que reclamaron el cumplimiento de una promesa a quien la hizo y tiene la posibilidad y la obligación de cumplir a través de la iniciativa parlamentaria para cambiar la norma, sino que no la hubieran hecho.
La situación en la Guardia Civil es de crisis y el Presidente del Gobierno debe comparecer para explicar porque no cumple lo que prometió su partido y porque los responsables de Interior y Defensa desconocen por completo el régimen jurídico aplicable a la Guardia Civil que por otra parte se comprometieron a modificar en esta legislatura.
La Guardia Civil se siente defraudada y engañada. El espectáculo que se está dado es lamentable y desconcertante. La sanción como única respuesta no convence ya a nadie salvo a los generales. La Guardia Civil no se merece esto.
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