La Fiscalía comparte el contenido del auto del instructor, aunque considera que la conducta
"de quienes entregan y reciben dádiva debe ser objeto de enjuiciamiento en el mismo procedimiento".
Es decir, el organismo quiere que se tenga en cuenta no sólo el presunto delito de obtener regalos sino también indagar sobre los emisores de los obsequios y sus posibles intereses.
El magistrado instructor dictó el pasado lunes un auto en el que considera que los hechos atribuidos al presidente de la Generalitat,
Francisco Camps, el secretario general del PPCV,
Ricardo Costa; el exnúmero dos del Gobierno valenciano,
Víctor Campos, y el jefe de Protocolo de la Diputación de Valencia,
Rafael Betoret, pueden ser objeto de delito de cohecho y ordenó continuar la causa.
El instructor señaló para el próximo 15 de julio a las 10.30 horas la celebración de la comparecencia prevenida en el artículo 25 de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado para que las acusaciones concreten la imputación, las defensas aleguen lo que estimen oportuno, -incluida la posibilidad de solicitar de nuevo el sobreseimiento- y todas las partes podrán pedir diligencias de investigación.
Citaciones y más recursos
Cabe recordar que
ninguno de los cuatro dirigentes valencianos estará en esa cita. Presentaron un escrito ante el magistrado Flors para renunciar a su derecho de estar presentes ya que conocen el contenido de los hechos que se les imputan.
De paso, se ahorrarán ver el ´circo´ que se montó, en menor medida, en la sede del TSJCV el día que declararon y, en una versión más radicalizada,
en la fiesta del PP de Alaquàs donde detractores y afines se midieron ataviados de pancartas y disfraces en plena calle.
La petición de este jueves de Anticorrupción se produce justo un día después que los socialistas valencianos anunciaran un recurso al auto para que las investigaciones se amplíen a más delitos. Además, el PSPV coincide con la Fiscalía en pedir la comparecencia de Correa. Pero va más allá. Quiere que testifiquen Isabel Jordán -responsable de la contabilidad de una de las empresas supuestamente vinculadas a la trama-, cuatro consellers -
Vicente Rambla,
Rafael Blasco,
Alejandro Font de Mora y
García Antón-, dos exconsellers -
Milagrosa Martínez y
Miguel Peralta- y tres altos cargos de la Administración autonómica.
Auto y conexiones
En el auto del pasado lunes, Flors considera que existen
"suficientes indicios racionales para estimar que los hechos objeto del procedimiento" que se imputan al
presidente de la Generalitat, a Costa, Campos y Betoret
"pudieran ser constitutivos de un delito de cohecho previsto y penado en el artículo 426, primer inciso, del Código Penal".
Flors relata en su escrito que Costa conocía a El Bigotes -gerente de Orange Market- desde 1996 porque intervenía en la organización de numerosos actos del partido en toda España.
Según la instrucción y el auto,
Álvaro Pérez encargaba prendas de vestir en Milano y Forever Young para los dirigentes valencianos. Los pagos, según Flors, los ejecutaba presuntamente
Pablo Crespo -mano derecha de Correa, al que Flors casi ni cita- en metálico o con cargos a cuentas bancarias de varias entidades de la supuesta red corrupta.
"Según parece desprenderse de las diligencias de investigación practicadas hasta ahora, los imputados resultaron beneficiados por la recepción de las prendas de vestir cuyo precio pagó un tercero", indica el magistrado. No obstante, el juez considera que los presuntos obsequios no se corresponden con adjudicaciones del Gobierno valenciano a Orange Market. Camps y Costa ya anunciaron
que recurrirán el auto.