Virgilio Cano, compareció este miércoles únicamente a petición del PP, después lo hacía
Carlos Mayor Oreja (PP) - hermano de
Jaime Mayor Oreja- y también negaba que el cuerpo de seguridad autonómico vigilara a personas durante sus respectivos mandatos. Algo que iba en la línea del argumento sostenido por el consejero de Presidencia, Justicia e Interior,
Francisco Granados desde que el escándalo vio la luz. Granados ha mantenido que es “
absolutamente falso” que en su Consejería haya un “
departamento que tenga como finalidad el espionaje, el seguimiento o la vigilancia a persona alguna fuera de las funciones de su competencia”. De hecho, creó una investigación interna que supuestamente reveló que no existe tal equipo de espías. Pero, Granados fue mucho más allá, en su comparecencia a petición propia en la Asamblea de Madrid, el consejero aseguró además que "
el Gobierno de la Comunidad de Madrid ni ha impulsado, ni ha amparado, ni ha conocido jamás un hecho de estas características".
Vigilancia autorizada desde 1988
Sin embargo, el portavoz del PP en la comisión de espías de la Asamblea,
David Pérez, puso en duda las palabras de Virgilio Cano contraatacando con un ‘informe sorpresa’. Se trataba de un convenio colectivo que desde que se firmó en 1988-91 así como en todos los posteriores se autoriza expresamente la “
vigilancia de personas”.
El portavoz del PP también ha hecho público un acuerdo del Consejo de Gobierno de 1987 – que pueden ver pinchando
aquí-, firmado por el entonces consejero de Gobernación Virgilio Cano, que "
autoriza a los funcionarios públicos que ocupen los puestos de vigilancia y protección de edificios e instalaciones de la Comunidad de Madrid a llevar armas para el ejercicio de sus funciones".
David Pérez ha aseverado que Cano y Mayor Oreja "
no han podido explicar por qué los convenios colectivos aluden de forma expresa a la vigilancia de personas", lo que a su juicio "
demuestra que se debieron hacer o se podían hacer".
Vídeo: Cano se desmarca del espionaje