El juez Pedraz no advierte indicios de delito de estafa en Air Comet

 El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz decidió este martes desestimar la denuncia presentada por nueve asociaciones de consumidores contra Air Comet y sus directivos Gerardo Díaz Ferrán y Gonzalo Pascual por presuntos delitos de estafa, apropiación indebida e insolvencia punible al seguir vendiendo billetes a pesar de conocer la situación de insolvencia, según informaron los representantes legales de Ceaccu.

   El titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional concluye así que no existen indicios suficientes para abrir diligencias de investigación a pesar de recibir ayer un informe favorable a la admisión a trámite por parte del Ministerio Fiscal, que concluyó que los hechos "podrían ser constitutivos de un delito de estafa cometido contra una generalidad de personas", según el informe del fiscal.

   Los representantes legales de las asociaciones de consumidores adelantaron que recurrirán esta decisión de Pedraz ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

   Según el auto del juez Pedraz, reproducido íntegramente por Diariocritico de la Economía, la denuncia presentada por los representantes legales de la Confederación Espeñola de Asociaciones de Consumidores es "inconcreta" y "no refleja los perjudicados". Pide una comisión rogatoria sobre actuaciones judiciales de embargo de los aviones de la compañía, llevados a cabo por las autoridades judiciales alemanas y británicas, "que no tienen relevancia penal de los delitos que presumiblemente se imputa a los representantes legales de Air Comet", es decir, estafa, apropiación indebida y insolvencia punible.

   El juez Pedraz, además, da un tirón de orejas al fiscal por "adherirse a la denuncia sin sustanciar la causa penal". El instructor crre, además que el verdadero perjudicado en este asunto ha sido "el ministerio de Fomento que se ha hecho cargo de prestar el servicio que la compañía no ha podido hacer" por lo que deja la puerta abiert a que la Abogacía del Estado presente la correspondiente querella criminal, a la que se podría sumar la Fiscalía y las acusaciones particulares que se consideren oportunas, es decir, las asociaciones de consumidores, e, incluso, tal y como han anunciado, los trabajadores. Eso sí, las querellas criminales, a diferencia de las denuncias, requieren del depósito de unas cantidades dinerarias. Tal vez ese haya sido el error de los letrados que han representado a CE·ACU. Y eso es lo que hay que subsanar, según se insinúa en el auto judicial