En una sentencia firmada el pasado 1 de diciembre, pero conocida el miércoles 6 de enero, la Sección Tercera del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo ha sentenciado que España no violó el Convenio Europeo de Derechos Humanos por la presunta parcialidad del juez
Baltasar Garzón en el juicio contra
Rafael Vera, secretario de Estado para la Seguridad con
Felipe González, por el secuestro en 1983 del ciudadano francés
Segundo Marey, dentro del llamado 'caso GAL', aunque censura la actuación del magistrado de la Audiencia Nacional.
La sentencia, firmada favorablemente por cuatro magistrados frente a tres, que elevaron otros tantos votos particulares, supone un terrible varapalo para el instructor del 'caso Marey', Baltasar Garzón: los siete magistrados de Estrasburgo, por unanimidad, sentencian que el juez-estrella "no respondió a la exigencia de imparcialidad impuesta por el artículo 6 de la Convención" al darse la circunstancia de que poco antes de reabrir el 'caso Marey', el juez había dejado de ser diputado socialista para volver a la Audiencia Nacional, hecho que ocurrió en 1994.
Igualmente, la sentencia indica que "la imparcialidad del juez de Instrucción nº 5 [de la Audiencia Nacional, Garzón] podría estar en entredicho" por las "relaciones personales conflictivas" y la "enemistad manifiesta" entre el demandante y el magistrado. Es decir, que la Sala Tercera del Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha aplicado por primera vez a un juez el artículo 6.1. del Convenio de Derechos Humanos, relativo a "un juicio justo y a un tribunal independiente e imparcial".
La Sección Tercera de la Corte Europea de Derechos Humanos está presidida por
Josep Casadevall y formada por los magistrados
Corneliu Bîrsan, Boštjan M. Zupančič, Elisabet Fura, Egbert Myjer, Ann Power, Alejandro Saiz Arnaiz (sustituto de
Luis López Guerra). 'Aconsejado' por el resto del tribunal, el representante español, López Guerra, se abstuvo en este caso, siendo sustituido por el 'suplente' Saiz Arnaiz.
Recurso ante la Gran Sala
En contra del fallo han presentado votos particulares los magistrados esloveno,
Bostjan Zupancic; irlandesa,
Ann Power; y el andorrano,
Josep Casadevall, presidente de la Sección, que consideran que la instrucción de Garzón invalida el procedimiento, incluido el efectuado por el Tribunal Supremo. Más aún, Casadevall estima que la actuación de Garzón en el 'caso Marey' supuso "una violación flagrante" del artículo 6, ya que su "falta de imparcialidad objetiva (...) ha contaminado toda la instrucción".
Rafael Vera ha confirmado a
Diariocrítico que, con esa sentencia y esos votos particulares, su abogado está preparando ya un recurso ante la Gran Sala del Tribunal de Derechos Humanos, dado que es la primera vez que el artículo 6.1 se aplica a un juez y no a un tribunal. La Gran Sala está compuesta por 17 jueces, uno de ellos español, y la admisión del recurso debe ser decidida por un colegio de cinco magistrados. Si se aceptara, el Tribunal podría celebrar una vista sobre el caso
"Garzón, cualquier cosa que toca está contaminada"
En declaraciones a
Diariocrítico, Rafael Vera ha afirmado que "cualquier cosa que toca Garzón con contenido político está contaminada: no busca la justicia, la objetividad en la justicia, sino el estrellato". Vera se ha mostrado asombrado por la filtración íntegra de la sentencia, dado que se firmó el 1 de diciembre y hasta el 2 de enero Estrasburgo no le señaló que se la comunicarían oficialmente el 12 de este mes.
No obstante, el antiguo secretario de Estado ya ha adelantado a este diario que, con esa sentencia en la mano, su abogado está preparando una denuncia contra Baltasar Garzón por prevaricación ante el Tribunal Supremo y el Poder Judicial. Al juez-estrella, por cierto, se le acumulan las causas por presunta prevaricación: aún está pendiente de su posible imputación por el juez Luciano Varela, del Tribunal Supremo, por la causa general contra el franquismo que Garzón intentó abrir en contra de todos los criterios.
También ha confirmado Vera que su abogado trabaja en el recurso para llevar el caso a la Gran Sala, dado que la razón por la que Estrasburgo no condena a España, pero reprende la actuación de Garzón, es que el juez de la Sala Segunda del Tribunal Supremo Eduardo Moner no se limitó a reproducir la instrucción del magistrado de la Audiencia Nacional, sino que, al contrario, llevó a cabo una nueva instrucción.
"Eso no es totalmente cierto", ha dicho Vera a
Diariocrítico, recordando que el argumento es solamente válido para
José Barrionuevo -también condenado por el 'caso Marey'-, ya que cuando Garzón intentó actuar contra Barrionuevo se encontró con que estaba aforado y la tuvo que elevar al Supremo. Pero hasta ese momento, Vera ya llevaba cinco meses en la cárcel, a donde fue enviado por Garzón.
El Tribunal Supremo condenó a Vera a diez años de prisión, en julio de 1998, por un delito de malversación de fondos públicos y otro de secuestro, así como a doce años de inhabilitación para ejercer cargos públicos. En agosto de ese año, Vera llevó el caso ante el Tribunal Constitucional, que lo desestimó en marzo de 2001, tras lo que elevó el caso a Estrasburgo.
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