Los jueces estudian impugnar el 'tijeretazo' de ZP

Puede acabar en los tribunales, impugnado precisamente por los jueces. El 'tijeretazo' de Zapatero, con recortes salariales a los funcionarios y congelación a los pensionistas, se ha hecho con tanta prisa y tanta improvisación -a juicio de colectivos judiciales- que puede acabar ante los tribunales a través de una doble vía: por un lado, la que explora el Partido Popular, que podría acusar al Gobierno incluso de 'falsificación de documento público' por la forma en la que se subsanó el 'error' -según la vicepresidenta Salgado- o la 'rectificación' -según el presidente Zapatero-, y, por otro, por la impugnación del recorte salarial a los jueces, dado que antes del decreto no existía la preceptiva consulta al Consejo General del Poder Judicial.

"Toda una chapuza", dicen medios judiciales, que podría acabar incluso ante el Tribunal Constitucional, la vía, precisamente, que exploran determinadas asociaciones de jueces: "Ese Real Decreto presenta muchas dudas sobre su legalidad constitucional", y, de hecho, la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM) estudiará la posibilidad de una denuncia en la reunión que su Ejecutiva Nacional mantendrá el próximo 17 de junio.

Una posibilidad que se baraja es la impugnación como acto administrativo y que el tribunal al que le toque resolver lo eleve al Tribunal Constitucional. Sería una vía, pero se estudian otras que, en todo caso, pondrían en apuros al Gobierno de Zapatero.

Mientras tanto, tal y como Diariocrítico informó un día antes, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado bajar un diez por ciento la retribución bruta de los vocales que integran el órgano de gobierno de los jueces, fijada en torno a los 125.000 euros anuales (unos 6.300 euros netos mensuales). Falta aún fijar la reducción del sueldo del presidente del Consejo y del Tribunal Supremo, Carlos Dívar.