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Instrucciones 'secretas' para frenar la huelga policial

Instrucciones 'secretas' para frenar la huelga policial

lunes 07 de junio de 2010, 17:44h
Los sindicatos policiales SUP y UFP anunciaron su apoyo a la huelga funcionarial de este martes, 8 de junio, junto a las asociaciones de la Guardia Civil, y ahora el Director Adjunto Operativo, Miguel Ángel Fernández Chico -el mismo que ha hecho hasta lo imposible para ascender a comisario al inspector jefe Carlos Germán, el del informe sobre el bar Faisán- ha impartido unas instrucciones 'secretas' para frenar la huelga policial.

     Según el SUP, Fernández Chico se ha convertido en "el primer esquirol del Cuerpo Nacional de Policía", y lo acusan de tal por las instrucciones que al amparo de la 'Operación Global Europea Carlomagno', que estaba diseñada para garantizar la seguridad durante la presidencia europea en España, ha impartido a las diferentes Jefaturas Superiores.

    De forma 'secreta', con la evidente intención de evitar la repercusión de la huelga de funcionarios públicos en la Policía y enmascarándolo en una operación que lleva en marcha varios meses, el DAO ha dictado instrucciones para que en el 8 de junio se practiquen identificaciones masivas en busca de pequeñas cantidades de droga, personas buscadas, inmigrantes ilegales, vehículos sustraídos, etc.

    Los diferentes Jefes de las unidades han solicitado, de forma verbal, a los Jefes de cada Grupo, que a las 14 horas del día 8 de junio se informe del resultado de estas actuaciones extraordinarias, y es de suponer que para demostrar el fracaso de un huelga que en la policía se va a traducir en una importante reducción de los detenidos.

     El SUP ya ha puesto el grito en el cielo y va a preguntar por estas instrucciones en el Consejo de Policía, al tiempo que pedirán a los Grupos Parlamentarios que pidan explicaciones a la Dirección General de la Policía y la Guardia Civil. La preguntan clave que se formulan es la siguiente:

    "¿La instrucción del DAO tiene en cuenta la repetida jurisprudencia del Tribunal Supremo en el sentido de que para poder identificar a un ciudadano debe existir un indicio racional de que se ha cometido un delito, o se puede evitar que se cometa o estamos ante un nuevo abuso contra los derechos cívicos de los ciudadanos y de sus derechos constitucionales, poniendo en riesgo además la seguridad jurídica de los policías?".
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