El Gobierno acuerda un plan de mínimos con las comunidades autónomas para reducir gastos

A corto plazo, la vicepresidenta económica del Gobierno informó de que las comunidades autónomas ya han puesto en marcha sus esfuerzos de austeridad para 2010 con la aprobación de unos presupuestos con una reducción de algo más de 5.000 millones en relación a los presupuestos de 2009.

Además, el CPFF aprobó hoy nueve planes de reequilibrio, correspondientes a Castilla-León, Castilla-La Mancha, La Rioja, Región de Murcia, Principado de Asturias, Cantabria, Galicia, Extremadura y Aragón. Estos planes implican acuerdos de no disponibilidad sobre los presupuestos aprobados que suponen un ajuste de 1.975 millones de euros.

Según explicó Salgado, no se han podido aprobar hasta cinco planes de reequilibrio que “aún no estaban preparados”, correspondientes a las comunidades de Baleares, Canarias, Comunidad Valenciana, Cataluña y Andalucía, que esperó puedan aprobarse después de Semana Santa, llegando a una cifra total por acuerdos de no disponibilidad de hasta 3.000 millones en 2010. Se completaría así la cifra de 10.000 millones que contemplaba la ministra como aportación de las comunidades autónomas al recorte global de 50.000 millones que contempla el Plan de reducción del déficit público hasta el 3%.

La propuesta concreta las fases mediante las que se modulará la consolidación fiscal de las cuentas públicas, con el objetivo de reducir el déficit del conjunto de las administraciones públicas al 3% del PIB en 2013, correspondiendo a las comunidades autónomas la necesidad de reducir el déficit al -1,1%.

El acuerdo plantea una primera fase de acción inmediata con medidas incluidas en los Presupuestos para 2010 y en los planes de reequilibrio a presentar por las comunidades autónomas, y respecto a los que deberá pronunciarse el CPFF. En una segunda fase, para el periodo 2011-2013, se incluirán los objetivos de estabilidad para estos años y los compromisos del Acuerdo Marco.

Un plazo más de tres meses

Además, para el desarrollo de estos objetivos, las comunidades autónomas se han comprometido a elaborar, en el plazo de tres meses -hasta el 10 de junio--, planes de racionalización y eficiencia del gasto. Para ello, se ha acordado la constitución de un grupo de trabajo en el seno del CPFF que se encargará de hacer propuestas en materia de reducción y mejora de la eficiencia del gasto y al que se encomendará la valoración y seguimiento de la información solicitada a las comunidades autónomas.

El acuerdo incluye el compromiso de aplicación de una política de contención del gasto en personal, a través de las retribuciones, restricción de las ofertas públicas de empleo, y una racionalización de los recursos humanos al servicio de la Administración. "Todas las actuaciones en este ámbito se instrumentarán a través del oportuno diálogo social", añadió Salgado.

"Hemos hecho tres acuerdos", resumió Salgado para referirse a "la consideración positivo de esta propuesta de Acuerdo Marco, la aprobación de la senda de reconducción del déficit incluida en el documento remitido a Bruselas, y la creación de un grupo de trabajo que va a detallar qué actuaciones va a poner en marcha". Por otro lado, Salgado aseguró que no se han solicitado cambios normativos por parte de las comunidades autónomas, tampoco en relación a la Ley de Dependencia.

El déficit cierra 2009 en un 11,2 %

   Por otro lado, Salgado, que ya comentó hace unas semanas que el déficit de las cuentas públicas en 2009 fue inferior al 11,4% inicialmente previsto, apuntó que el saldo negativo de las comunidades autónomas ha sido finalmente dos puntos porcentuales inferior, hasta el 2%, con lo que el déficit del conjunto de las administraciones públicas quedó situado en el 11,2%.

   Según las previsiones del Gobierno, las comunidades autónomas cerrarán 2010 con un déficit del 3,2%, del 4,2% en 2011, del 1,5% en 2012 y del 1,1% en 2013. Salgado explicó que las cifras de 2010 y 2011 incluyen las liquidaciones negativas que corresponden a los anticipos del sistema de financiación en 2008 y 2009, en los que fueron superiores a la cifra final.

   "Las comunidades autónomas tendrán un año de moratoria y cinco años de plazo para pagar estas liquidaciones negativas, aunque figure esa cifra negativa en el déficit de esos dos años", precisó.

   Por otro lado, antes de que el secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, presente mañana el resultado de la ejecución presupuestaria hasta el mes de febrero, la vicepresidenta económica del Gobierno afirmó que "la recaudación va incluso mejor de los previsto (en lo que va de año), cosa que no sucedía en 2009".

   Según indicó Salgado, el Consejo ha sido "intenso" y fue una reunión "positiva". Además, destacó el "acuerdo total" de los consejeros autonómicos del PP con el plan de austeridad del Gobierno, pese a que el PP se abstuvo en la votación de la senda de reducción del déficit y votó en contra de la creación del grupo de trabajo.

   Según Salgado, "no se entiende muy bien" que el PP haya reiterado su acuerdo con la senda del déficit y después se hayan abstenido. "Hay cierta incoherencia, pero como no es la primera vez que pasa, no me ha extrañado tanto", añadió. También apuntó que los 'populares' le han pedido una propuesta "detallada" para reducir el déficit, a lo que añadió que el Gobierno es respetuoso con las competencias de las comunidades autónomas.

El PP habla de "propaganda y humo"

Las comunidades autónomas gobernadas por el PP han coincido en destacar la "filosofía de la austeridad" presupuestaria y el control del gasto, pero se han abstenido a la hora de votar el plan del Gobierno para este fin al considerarlo "solamente propaganda y humo".

Así lo ha asegurado, en declaraciones a los periodistas, el consejero de Economía y Hacienda de Madrid, Antonio Beteta, momentos antes de finalizar el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que ha debatido las medidas de contención del gasto y de control del déficit propuestas por el Ejecutivo.

"Las comunidades autónomas estamos dispuestas a arrimar el hombro para reducir el gasto, pero no a mandar mensajes equivocados a la opinión pública", ha afirmado Beteta para justificar el voto negativo de las comunidades del PP a la creación de un grupo de trabajo que elaborará planes de racionalización y eficiencia del gasto público en el plazo de tres meses.