Las medidas anticrisis de Salgado son un acuerdo ambiguo y descafeinado, según los expertos económicos

La vicepresidenta económica, Elena Salgado, remitió este jueves a las distintas fuerzas parlamentarias un documento de nueve páginas de extensión, en el que se enuncian de manera genérica 54 medidas para combatir una crisis económica profunda.

Juan Iranzo, director del Instituto de Estudios Económicos, señala a este diario que el documento es ambiguo y "enmascara" la ausencia de medidas de calado que afrontar el “gravísimo problema de sobrendeudamiento de la economía, de competitividad y de crisis fiscal”, que tiene hoy España. “A fecha de hoy, este endeudamiento del sector público, de las familias y de las empresas supone un 270% del PIB, y no hay suficientes recursos para seguir financiando esta deuda”, señala el directivo. “La solución no está en gravar el ahorro sino en fomentarlo”, añade, en relación a la subida de impuestos que plantea el Gobierno.


Medidas críticas

El documento recoge entre sus principales medidas que antes del 15 de junio el ICO dará préstamos directos por un máximo de 200.000 euros; la mejora de los requisitos para recuperar el IVA en el impago de facturas; la flexibilización para las empresas en crisis, que no se tendrán que declarar en quiebra con pérdidas superiores al 50% de su capital social; la aplicación del tipo superreducido del IVA del 4% a los servicios de atención a la dependencia. “El Gobierno se ha limitado a recoger en algunos casos las medidas que ya se habían ido aprobando en el Congreso, no tiene objetivo ‘vender’ estas iniciativas parlamentarias como medidas específicas para la crisis”, señalan desde el Colegio de Economistas. Ángel Laborda, economista de Funcas, advierte de que el abuso del ICO podría generar excesivos riesgos en el frágil equilibrio de las finanzas públicas.

El pliego de medidas  también recoge la reforma de la ley de Enjuiciamiento Civil para endurecer los criterios de inembargabilidad de las hipotecas. Además, se eleva el límite mínimo de los embargos hasta los 696,6 euros, un 10% más del SMI, cantidad a la que se sumará un 20% adicional por cada familiar a cargo.

Sobre este último punto, Francisco Cabrillo, catedrático de Economía de la UCM y presidentes del Consejo Económico y Social (CES) de Madrid, se muestra sorprendido, al entender que “la flexibilización en el pago de la deuda implicará que el Gobierno habrá que establecer el criterio de renta baja para considerar a ese ciudadano en esa categoría, y eso le expulsará de la posible concesión de créditos bancarios para siempre”.
En cuanto al polémico Fondo de Reestructuración Ordenada Financiera (FROB), el documento de Zurbano se propone reducir los plazos y trámites del mismo sin entrar en detalles, aunque deberá darse prisa porque el plazo de peticiones para su uso termina en junio. También plantea clarificar el régimen que se aplica a los sistemas institucionales de protección en asuntos como la consolidación contable y adhesión al Fondo de Garantía de Depósitos. El objetivo es asegurar la seguridad jurídica de estas operaciones.