El Tribunal de Cuentas decidió abrir, el pasado 3 de febrero, la investigación por la denuncia contra los integrantes del Consejo de Ministros que el 26 de diciembre de 2003 decidieron destinar 2,3 millones de euros para suscribir un contrato con la empresa estadounidense Piper Rudnick.
Dicen los abogados denunciantes que una parte de ese dinero fue desviada para promocionar la concesión a José María Aznar de la medalla del Congreso de Estados Unidos, medalla que finalmente no le fue impuesta. Tras recibir la denuncia, el Tribunal trasladó la documentación a la Fiscalía y a la Abogacía del Estado para que formularan sus alegaciones.
En sus alegaciones, el Fiscal señala que, sin perjuicio de las posibles irregularidades en la forma de contratación a que se referían los denunciantes, "no se dan en los hechos denunciados los requisitos que pudieran determinar responsabilidad contable por alcance a persona alguna". Incluso considera "perfectamente encuadrable" en el contrato suscrito con la empresa norteamericana la realización de las gestiones para la concesión de la medalla a Aznar "buscándose en las mismas la finalidad de satisfacción del interés público general, independientemente de la satisfacción personal que al señor Aznar le pudiera causar su concesión".
La Abogacía del Estado, por su parte, anunció que no ejercería la acción de responsabilidad contable, recordando al Tribunal de Cuentas que ya en su día un juzgado de instrucción de Madrid no admitió una querella interpuesta contra Aznar por ese mismo asunto al no apreciar la existencia de los delitos de malversación de caudales públicos ni de falsedad. Excluida la relevancia penal de los hechos, la Abogacía añadía que "cualquier defecto de tramitación que pudiera existir en el expediente es ajeno al ámbito de competencias del Tribunal de Cuentas y no determinará, por sí mismo, la exigencia de responsabilidad contable si no existe perjuicio a los caudales públicos".
[Efectivamente, tal y como anuncia la Abogacía, en marzo de 2007 el juez de Instrucción número 23 de Madrid, David Mamán, inadmitió a trámite la querella que presentaron los abogados sobre este asunto al no apreciar "existencia de indicio alguno de responsabilidad criminal", así como de "ningún" delito de malversación y de falsedad. Según el juez, la concesión de la Medalla de Oro del Congreso americano suponía en esos momentos "un beneficio diplomático" y "una vía presencial en Estados Unidos"].
Pese a la oposición del fiscal y de la Abogacía, el consejero del Tribunal de Cuentas instructor del caso, Felipe García Ortiz, ha decidido que continúe la investigación porque de los hechos conocidos "no se deriva que se deba excluir, sin más trámite, la hipotética existencia de responsabilidad contable".
Añade este consejero que de la documentación que se acompaña a la denuncia "podría deducirse, de forma indiciaria, unas supuestas irregularidades en el procedimiento de contratación" y "una deficiente justificación del contrato".
El Auto señala que "resultaría necesario verificar para comprobar adecuadamente si los servicios efectivamente se prestaron o no, y, si se prestaron finalmente, para aclarar si dichas actuaciones tenían por objeto una finalidad pública debidamente justificada, todo ello puesto en relación con aquellas normas presupuestarias de aplicación del gasto", y propone el nombramiento de delegado instructor para este caso.
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