Vuelco en el 'Faisán': un comisario cuestiona la labor del inspector Carlos Germán

Dignidad y Justicia, que ha presentado su petición este martes al juez instructor Pablo Ruz, solicita la identificación de las personas que utilizaron tres números "titularizados" por la Subsecretaría de Interior durante "el periodo al menos comprendido entre el 1 de mayo y el 16 de septiembre de 2006", así como su "citación para que presten declaración en calidad de testigos".

Según DyJ, el tráfico de llamadas, que no fue reflejado en el informe que realizó el equipo de investigación dirigido por el hoy comisario Carlos Germán, pone de relieve que Víctor García Hidalgo estuvo en contacto con un número fijo y otro móvil de la Subsecretaría del Ministerio del Interior, mientras que el jefe superior de Policía del País Vasco, Enrique Pamiés, contactó con otro teléfono celular de este departamento. Todos ellos, según la asociación, eran números "de seguridad".

A juicio de la asociación de víctimas qeu dirige Daniel Portero, estas relaciones telefónicas "gozan de relevancia e interés suficiente como para que sean tenidas en cuenta a la hora de esclarecer los hechos, puesto que quedan enmarcadas dentro del espacio temporal en el que se produjeron las llamadas entre los imputados y las personas que han sido investigados como presuntos autores de la delación".

El informe del superior de Carlos Germán

De la misma forma, Dignidad y Justicia pide que comparezca el comisario José Cabanillas, superior del jefe del equipo conjunto de investigación, Carlos Germán, que elaboró un informe en el que defendía que durante el 3 de mayo de 2006, el día anterior al chivatazo, Germán "fue reticente en diversos momentos a la realización" de las detenciones contra el aparato de extorsión, "argumentando que era una operación que conllevaba riesgos políticos, dado el momento de tregua de ETA, así como la presunta implicación de un miembro destacado del PNV, Gorka Aguirre".

La asociación quiere que este mando policial, que en la actualidad trabaja en el Instituto de Estudios de la Policía, declare "por primera vez" durante la instrucción, ya que su testimonio fue rechazado por la Sección Segunda de la Sala de lo Penal, que en febrero de 2009 obligó al juez Baltasar Garzón a realizar nuevas diligencias.

En concreto, DyJ pretende que se expliquen las "contradicciones" que, a su juicio, existen entre el informe policial y la declaración de Carlos Germán, que aseguró que en el momento del chivatazo "intentaba activar la operación" desde el despacho del juez Fernando Grande-Marlaska, que dirigía la operación. Según el escrito de DyJ, su informe pone "en tela de juicio la actuación profesional" del jefe de la investigación.

Otras declaraciones

Además, la asociación de Portero pide que declare el jefe del Grupo VIII para que explique su participación en estos hechos, debido a las declaraciones testificales que realizaron dos de sus subordinados y a que "conocía todas y cada una de las informaciones restringidas que se transmitieron" al propietario del bar 'Faisán' de Irún (Guipúzcoa) y recepctor del chivatazo, Joseba Elosúa.

Del mismo modo, la asociación solicita que se pregunte al Cuerpo Nacional de Policía si existe algún informe elaborado por el departamento de Asuntos Internos en relación a "la actuación llevada a cabo por los funcionarios policiales que participaron en la operación franco-española para detener a los integrantes del aparato de extorsión de la organización terrorista ETA".

El juez Ruz reactiva la causa

Dignidad y Justicia ha realizado esta petición después de que este lunes el juez Pablo Ruz ordenara seis nuevas diligencias con las que reactiva la causa. Entre ellas, se encuentra preguntar a los responsables de la investigación por los cortes que tenía el vídeo que ofrecía las imágenes del establecimiento.

El magistrado, que ha rechazado de esta forma la petición de archivo solicitada por la Fiscalía en octubre de 2009, transformó en sumario las diligencias previas que tenía abiertas contra los tres cargos policiales que están imputados en la causa por los supuestos delitos de revelación de secretos por parte de autoridad o funcionario público (penado con hasta tres años de cárcel) y colaboración con organización terrorista (castigada con un máximo de diez).

En la causa están imputados el ex director general de Policía y dirigente del PSE en Álava, Víctor García Hidalgo, el jefe superior de Policía del País Vasco y un inspector de la Brigada de Información de Álava.

El SUP ve problemático facilitar identidades de informadores

Por su parte, el principal sindicato policial, el SUP, apoya la decisión del juez Ruz de practicar cuantas diligencias sean precisas para el total esclarecimiento de los hechos investigados: "Consideramos que este Auto del juez desacredita, implícitamente, la investigación llevada a cabo por el miembro de Asuntos Internos Carlos Germán, quedando en evidencia que fue incompleta y poco rigurosa", dice el sindicato que dirige José Manuel Sánchez Fornet.

No obstante, estiman que "existe una laguna, un problema grave para los policías afectados por la investigación, por cuanto se les coloca en la disyuntiva, si quieren que se considere como sólida y creíble su coartada o versión de los hechos, de facilitar la identidad de su informador dentro de ETA, extremo este que parece de difícil materialización por cuanto sería tanto como poner en riesgo su vida".

El SUP considera que ese confidente "puede ser un miembro de activo de ETA y tener alguna condena de varios años de cárcel pendiente de cumplimiento en nuestro país, con lo que no va a venir a España a prestar declaración. Facilitar su identidad podría ser inútil y contribuiría a alejar las fuentes de información policiales, dificultar la investigación dentro de la banda y retrasar, obstaculizar o impedir la mayor eficacia contra ellos". Incluso cabe la posibilidad de que el citado 'confidente' sea un miembro de las fuerzas de seguridad del Estado, lo que igualmente impediría identificarle.

VEA EL ESCRITO ÍNTEGRO DE DIGNIDAD Y JUSTICIA

VEA EL COMUNICADO ÍNTEGRO DEL SUP